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Luego de casi 13 horas de debate, el Senado culminó en la fecha la sesión extraordinaria, incluyendo una serie de modificaciones y reprogramaciones al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 aprobado por la Cámara de Diputados hace dos semanas.
La Cámara Baja ya había otorgado media sanción con modificaciones al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que estableció la utilización de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), los recortes realizados al Ministerio de Hacienda y el aumento del aporte intergubernamental de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
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Con esos recursos mencionados se había conformado un “fondo de contingencia” por un total de G. 340.000 millones (US$ 48 millones), que luego fueron reasignados como un adicional a varias entidades públicas, para gastos corrientes, principalmente la creación de cargos en los organismos de justicia y en las universidades.
El Senado, sin embargo, decidió devolver el 100% de los recursos al FEEI, que asciende a G. 119.000 millones (US$ 17 millones), y al Fonacide, de G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones), y el remanente de G. 85.800 millones (US$ 12,2 millones) del referido “fondo de contingencia” fue distribuido a 12 instituciones.
Aumento y vale de combustible
Mediante esta redistribución se benefició al Congreso y al Senado para reponer aumento salarial de funcionarios que este año quedó sin efecto ante el repudio de la ciudadanía, un adicional para la Procuraduría General de la República y para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
También se favoreció a la Corte Suprema de Justicia, para dar un incremento de sueldo a jueces de paz y para creación de cargos en juzgados de primera instancia en el interior del país; a la Justicia Electoral, para aportes a los partidos políticos; al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; al Ministerio de la Defensa Pública; a la Diben, Dinacopa, Universidad Nacional de Asunción (UNA) y a las universidades nacionales del interior.
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A la Cámara de Diputados, por su parte, se le mantienen los fondos para abonar el vale de combustible de G. 3.500.000 para cada legislador (80), a pesar del compromiso de eliminar ese beneficio extraordinario que reciben, dijeron los senadores.
Se otorgan igualmente más de G. 20.000 millones para el Hospital de Clínicas, que incluye una suba salarial del 10% para asistentes, a ser financiado con un mayor aporte intergubernamental de Conatel y Petropar. En tanto, se conceden G. 3.000 millones para ollas populares y G. 2.000 millones para el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) con aportes de la referida distribuidora estatal de combustibles.
Igualmente, en el proyecto fueron reprogramados, dentro del presupuesto de Salud Pública, fondos por G. 5.000 millones para el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y otros G. 25.000 millones distribuidos para el Ineram, Hospital de Trauma, Hospital Nacional de Itauguá; G. 100 millones para la Orquesta Sinfónica Nacional (SFN) y G. 100 millones para la Academia de la Lengua Española, dentro del presupuesto de la Presidencia de la República.
Aumento a docentes y médicos
La Cámara Alta también confirmó la reprogramación presupuestaria por G. 150.000 millones (US$ 21,4 millones) para el Ministerio de Salud Pública, a fin de pagar bonificaciones, contratación de personal y aumento salarial para los médicos, con fondos previstos inicialmente para compra de medicamentos y vacunas.
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Otro aumento salarial confirmado por los senadores es para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como para otras instituciones educativas, para lo cual se prevén fondos para la continuidad del 11% otorgado ya desde octubre último y 5% más desde el mes de julio, para completar el 16%.
Gobernaciones y las ONG
El presupuesto de las 17 gobernaciones departamentales también tuvo modificaciones porque el Senado decidió mudar los recursos establecidos como transferencias a las organizaciones no gubernamentales (ONG) al rubro de construcciones, de tal manera a que su uso sea más transparente y tenga trazabilidad para controlar.
La medida fue propuesta por la senadora Blanca Ovelar (ANR), atendiendo los hechos de corrupción que salen a la luz pública perpetrados con las transferencias de fondos a ONG para llevar a cabo supuestas obras y porque es una vía de despilfarro.
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En cuanto a las ONG que forman parte del listado del proyecto de ley de presupuesto, estas recibirán alrededor de G. 51.700 millones (US$ 7,3 millones), lo que representa un incremento de más de G. 1.300 millones (US$ 143.020) por encima de lo que planteó el Poder Ejecutivo. En este sector se volvió a presupuestar a algunas que la comisión de Hacienda había dejado afuera.
Recortes y propuesta de subir impuestos
La serie de modificaciones realizadas se financió con recortes efectuados a otros gastos o con el aumento de los aportes intergubernamentales, pero el más afectado fue el Ministerio de Hacienda con una reducción de G. 27.000 millones, que a través del senador Rodolfo Friedmann (ANR) pidió reducir o reprogramar para asegurar aportes a organismos financieros internacionales, lo que finalmente se le concedió por G. 19.000 millones.
La senadora Esperanza Martínez (FG) propuso, para financiar las modificaciones, aumentar el impuesto al tabaco a su tasa máxima: pasar de 18% a 24%, lo que de acuerdo a la información que maneja podría ingresar al Tesoro US$ 18 millones adicionales.
A esa propuesta le sumó que se suspenda por el ejercicio 2022 el ingreso de nuevas solicitudes de devolución de créditos al exportador, que permitirá disponer de US$ 140 millones más para destinar a salud y cubrir el reclamo de los médicos. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas.
Los números del plan de gastos
En principio, los números del proyecto de PGN 2022 tendrán alguna variación con relación a lo aprobado en la Cámara de Diputados, pero el monto se conocerá una vez que se ajusten las modificaciones porque en la sesión no se dio ningún monto.
El Ejecutivo había presentado un proyecto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y la Cámara Baja aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).
Dicho incremento, en su mayor parte obedece a que se amplió la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, como lo había solicitado Hacienda para destinar más recursos a Salud Pública y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero la otra parte fue inflada en unos US$ 35 millones.
El proyecto de ley de PGN 2022 vuelve a ser puesto a consideración de la Cámara de Diputados, que en el plazo de diez días deberá expedirse sobre los cambios aprobados en Senadores. Si se ratifica en su versión inicial, pasará de nuevo al Senado para su definición, caso contrario quedará sancionado como ley.