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La Dra. Giselle Lezcano fue contratada por el Ministerio de Justicia en el 2020, en el marco de la emergencia penitenciaria, y cumplía funciones en el penal de Villarrica. Esta pidió su traslado a Coronel Oviedo, por acercamiento familiar, ya que es oriunda de esta ciudad, según informaron fuentes a las que accedió ABC.
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Lezcano llegó al penal de Oviedo el 2 de noviembre pasado y dos días después, 4 de noviembre, presentó un informe médico al director del penal Juan Ángel Rodríguez, sobre la salud de Víctor “Chapaló” Brítez. En este informe señaló que se medica con salbutamol aerosol para su asma, que es insulinodependiente por la diabetes y también padece de una ginecomastia bilateral.
En cuanto al examen físico, Lezcano escribió que no se hallaron anormalidades y describió al interno como: “Paciente lúcido, colaborador, ubicado en tiempo, espacio y persona, sin rastro ni signos de violencia al momento de la inspección. Paciente en buen estado general, en seguimiento en la sanidad del penal” con diagnóstico de hipertensión, diabetes tipo dos, neuralgia, asma y ginecomastia bilateral”.
Informes opuestos
Pese al cuadro de salud que describió en su informe, Lezcano recomendó que Chapaló sea revisado por especialistas y sometido a análisis laboratoriales, pero mientras tanto que se lo tenga “en seguimiento en la sanidad del penal”.
El 9 de noviembre, sin embargo, la Dra. Giselle Lezcano Rivas firmó otro informe médico del narcotraficante Víctor Brítez, señalando todo lo contrario al primero, ya que en este recomendaba que él “siga su tratamiento fuera del recinto penitenciario por la insalubridad y las malas condiciones del lugar, ya que el mismo es un paciente que corre riesgo de contraer otras enfermedades, así también podría causarle la muerte”.
Ese documento era prácticamente calcado de los que fueron presentados por el Dr. Gustavo Brítez, del Poder Judicial; la médica forense del Ministerio Público, Dra. Ana Duarte, y el Dr. César Insaurralde, dueño del Sanatorio Insaurralde. Todos remitidos a la jueza penal de Sentencia Ninfa Torres de Ramos y sin sustento en análisis de laboratorio realizados previamente.
La fiscala de ejecución de Coronel Oviedo Norma Rosa Solís solicitó al Juzgado la conformación de una junta médica para evaluar la salud a Chapaló, cuya vida, según su abogado defensor José Lezcano Vázquez, corría peligro en caso de seguir en el penal por lo que pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria. Solís avaló y apoyó la solicitud del abogado y elevó un petitorio a la jueza de ejecución en lo penal Diana Barrios Torales, quien se inhibió del caso, al igual que otros siete jueces más hasta que llegó a Ninfa Torres.
Sin respuesta y sumario
La jueza Ninfa Torres de Ramos había resuelto, por el A.I. Nº 73 de fecha 11 de noviembre, otorgar la prisión domiciliaria a Víctor “Chapaló” Brítez, condenado a 26 años por narcotráfico y a tres años por lavado de dinero, para que reciba tratamiento fuera del penal por tres meses y luego retorne por sus propios medios, sin interpelación judicial. Pero cuando esto tomó estado público, la jueza personalmente se constituyó en el penal y retiró el oficio que remitió un día antes.
Tras el escándalo también salieron a luz los informes médicos que fueron enviados al juzgado de Torres, recomendando la salida de Chapaló del penal. Como consecuencia, el director general de Salud Penitenciaria solicitó a la Dra. Giselle Lezcano que le remita su informe sobre la salud de Brítez Aranda, pero esta le envió el documento con fecha 4 de noviembre y se desentendió del que envió el 9 de noviembre al juzgado.
Al contrastar ambos diagnósticos, el elaborado y el publicado por nuestro medio, se le exigió explicaciones, pero esta no supo qué decir.
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Lezcano envió el informe médico, en el que recomendaba que Chapaló reciba tratamiento fuera de la cárcel, directamente al juzgado de Torres, cuando el orden lógico que deben seguir este tipo de diligencias es que primero pase por la Dirección del Penal, luego por la Dirección General de Salud Penitenciaria y de ahí al juzgado. Por este hecho la ministra de Justicia Cecilia Pérez dispuso la apertura de un sumario administrativo contra la Dra. Giselle Lezcano, quien también fue apartada de su cargo.
En cuanto a los otros actores, como la jueza Ninfa Torres de Ramos, su actuaria Nélida Bogado y el Dr. Gustavo Brítez, también fueron suspendidos sin goce de sueldo por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Sobre la Dra. Ana Duarte del Ministerio Público y el Dr. César Insaurralde no se conoce medida alguna por parte de las instituciones competentes.
Abogado insistió en prisión domiciliaria
Después de todo lo ocurrido, la gente fiscal delegada de Asunción, Celia Beckelmann, presentó el 15 de noviembre último un recurso de apelación general contra el A.I. Nº 73 de fecha 11 de noviembre de 2021 que la jueza Ninfa Torres remitió al penal de Coronel Oviedo y luego, tras los cuestionamientos públicos, retiró ella misma.
Pese a todo esto, el viernes 19 de noviembre, el abogado defensor de Chapaló, José Lezcano Vázquez, se presentó en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo con una copia autenticada del oficio judicial, exigiendo que permitan que su cliente abandone el recinto para que reciba su tratamiento médico. Al recibir la negativa de los funcionarios, Vázquez comenzó a lanzar improperios y recriminar a los mismos.
Ante este hecho, el Poder Judicial que tiene en estudio la apelación fiscal alertó al Ministerio de Justicia y se tomaron ciertas medidas con relación al caso.
Denuncia
Cuando se registró el retiro del oficio judicial por la propia jueza Ninfa Torres, en horas de la noche, personas extrañas fueron vistas merodear frente a la casa de la ministra Cecilia Pérez, de acuerdo con la denuncia realizada ante los organismos competentes, cuyos investigadores no descartan que tenga vinculación con Chapaló, por la negativa para salir de la cárcel y gozar de su prisión domiciliaria.