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El lunes último, el representante de la empresa iCrop SA, Humberto Acuña, acudió a la Junta Municipal de Coronel Oviedo a realizar una breve exposición sobre su contrato con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, para la “regularización” de máquinas tragamonedas que funcionan en despensas, bares y otros comercios que no son exclusivos de juegos de azar. El acuerdo se concretó mediante un contrato directo, y con la firma de la Resolución N° 34/2020 del 8 de octubre del 2020 que “autoriza” dicha explotación de máquinas.
En su exposición, Acuña aseguró que algunos municipios cobraban el canon por la explotación de tragamonedas en los citados comercios, pese a estar prohibido por la legislación vigente. Destacó que se acercó a aclarar las dudas relativas al contrato que mantiene con Conajzar, que es la única que “autoriza la explotación legal” y genera alianzas, conforme se pudo apreciar en una entrevista transmitida por Oviedo Press.
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Sin embargo, Acuña evitó responder los cuestionamientos referentes a la legalidad de su acuerdo y que la estrategia consiste en blanquear una explotación prohibida por la Ley N° 1016/97 y el Decreto N° 3083/15, tal como lo confirmó la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
Cuando desde la Junta Municipal le cuestionaron por la exposición de menores de edad a las máquinas de apuestas, Acuña respondió que se plantea una estrategia similar a la venta de bebidas alcohólicas. “No está prohibido el ingreso de niños a las bodegas pero sí su comercialización a esta población”, respondió. Insistido en que en el caso de tragamonedas no se aprecia el mismo control que con las bebidas, alegó que el plan se encuentra “en etapa incipiente”. Negó que las despensas se estén convirtiendo en “casinos”, ya que el plan permite sólo hasta tres máquinas. No obstante, ABC Color viene publicando que no solo se viola la ley de juegos de azar, sino además, la misma resolución que limita a tres máquinas por local.
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A inicio de este mes, y bajo la administración del intendente Eladio González Torres (ANR), la Municipalidad de Coronel Oviedo afirmó que la resolución de Conajzar sobre tragamonedas atropella la autonomía de las municipalidades. Fue al responder un Pedido de Acceso a la Información Pública (AIP), expediente N° 47.488. Ahora, ya con las nuevas autoridades municipales y a cargo del intendente Marcos Antonio Benítez, se plantea este escenario de generar “alianzas”.
Contrato ilícito con fines recaudatorios
Conforme la disposición de la Resolución N° 34/2020, Conajzar dice que hasta tres máquinas se pueden explotar de manera “legal” en los comercios no exclusivos de juegos de azar, toda vez que la empresa iCrop, con dudosos antecedentes de quiénes son sus propietarios reales, realice el censo, catastro y pago del canon a Conajzar. Además, le responsabiliza de explotar las citadas máquinas a nivel país.
Por las gestiones, iCrop cobra G. 300.000 por máquina al mes a cada negocio “censado” y de ese monto, sólo lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) llega al Estado, es decir a Conajzar. El compromiso es “legalizar” 50.000 máquinas, lo que representa una expectativa de recaudación de US$ 2,1 millones y de esa cifra, US$ 1,5 millones (70%) queda en el sector privado.
Vídeos evidencian que la propia empresa no cumple con la normativa del tope permitido por comercio, lo que desnuda que su acuerdo, además de ser ilegal, tiene fines netamente recaudatorios. Incluso, a pesar de la violación a lo que establece el contrato, iCrop y Conajzar mantienen el contrato vigente, sin sanción alguna, conforme a los reportes suministrados.
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El Senado denunció ante el Ministerio Público el caso, porque sospecha que se trata de la creación de una megaestructura para obtención ilícita de recursos y lavado de dinero. La investigación está a cargo de la fiscala Maria Stefanía González pero no se ha informado sobre avances.
Paraguay, el único en la región que “legaliza”
Luis Alberto Gama, asesor en juegos de azar y exdirector de Casinos, Loterías y Quinielas del Estado del Uruguay, sostuvo que los países de la región carecen de una política pública que apunte a desarrollar la industria del entretenimiento, y que más bien persiguen fines recaudatorios. Sin embargo, observó que Paraguay es el único país de la región que desde el propio Estado se “legalice” el uso de las tragamonedas en locales comerciales de libre acceso.
Entre las preguntas que planteó estuvieron: cómo se controla que realmente no esté al alcance de los niños y adolescentes, cómo proteger a esa población de desarrollar la adicción a las apuestas y además, cómo controlar la recaudación. De esta manera, opinó que una mala resolución puede significar el aumento del juego ilegal, por lo que “peor que no regular es hacerlo mal”.
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Congreso sigue estudiando nueva regulación de juegos de azar
Desde 2019, en la Cámara de Diputados se encuentran dos propuestas de regulación de los juegos de azar, uno de José Ortiz, y la otra, iniciativa parlamentaria y elaborada en colaboración con Javier Balbuena, extitular de Conajzar.
Los proyectos fueron “desempolvados” en medio de las críticas a la “legalización” de tragamonedas. También, frente a otro proyecto de ley que apunta anular la Resolución N° 34/2020, que cuenta con media sanción de Diputados.
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