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De esta manera, los representantes del Ministerio Público siguen apartados del escandaloso caso de las facturas clonadas que aparecen en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, administrada por el cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, junto al presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, el tesorero de la ONG, Paulino Palacios, y otras 12 personas.
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En esta causa, además de los ya mencionados, también fue imputado Paulino De Los Palacios Recalde, en calidad de supuesto autor por lesión de confianza, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, y como coautor del hecho punible de asociación criminal.
Sin embargo, el sospechoso recusó semanas atrás a los agentes del Ministerio Público Estigarribia, Cabrera y Said, así como también a la fiscala adjunta Soledad Machuca, “por falta de objetividad” y por ser “improcedentes”.
Pero el pasado lunes, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, rechazó los fundamentos planteados por Paulino Palacios y confirmó en la causa a los fiscales citados más arriba.
Sin embargo, el multifacético árbitro y tesorero de CIAP impugnó ayer dicha resolución alegando nuevamente que la investigación carece de objetividad. “Es por demás notorio que los agentes fiscales han soslayado alevosamente el principio de objetividad, criterio por el cual deben regir su actuación, tal como imperativamente lo ordena el C.P.P. (Código Procesal Penal) en los arts. 54 y 280)”, sostiene Paulino.
El Poder Ejecutivo otorgó G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), del fondo de emergencia sanitaria por COVID-19, a la Gobernación de Central, dirigida por Hugo Javier González, actualmente imputado por lesión de confianza y otros sobre el manejo del dinero. El mismo entregó a la ONG CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, también imputado, la suma de G. 5.105 millones para realizar obras de infraestructura.
También el Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, recibió la suma de G. 1.276 millones del fondo de emergencia sanitaria.
En la rendición de cuentas del recurso sanitario aparecieron facturas clonadas, obras fantasmas, facturas a crédito sin recibo de cancelación, entre otras anomalías. Así lo confirmó la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la Contraloría General del Estado (CGR) y el Ministerio Público.
Cobró el cheque por ventanilla
Paulino Palacios Recalde, tesorero de CIAP, fue quien efectivizó tres cheques otorgados por la Gobernación a la ONG.
El cheque Nº 07524980 fue por G. 1.531.680.000; el Nº 07524977 de G. 765.840.000 y el Nº 07524979 de G. 510.5600.000, que totalizan G. 2.808.080.000 y fueron retirados en efectivo en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) en un solo día, específicamente el 12 de febrero de 2021.
El multifacético árbitro
Paulino De Los Santos Palacios Recalde (37) es de profesión árbitro y abogado. Además, funge como tesorero en la ONG CIAP. El mismo está dotado de varias habilidades que le permitieron operar de forma independiente también para la Gobernación de Central.
Asimismo, el Consejo Regional de Salud lo contrató en dos ocasiones como disertante sobre la “prevención de la diabetes e hipertensión arterial”. La primera charla fue realizada en noviembre de 2019 y cobró por el servicio G. 8.433.000; la segunda en diciembre y percibió G. 28.509.509.
Pero esto no es todo. Paulino, gracias a su gran capacidad física y mental, fue contratado nuevamente por el Consejo Regional de Salud para trabajos de albañilería y le pagaron G. 80 millones en una primera ocasión y G. 37 millones en otra.