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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Ocampos González, rechazó la recusación planteada por la defensa y confirmó al juez Humberto Otazú para atender la investigación fiscal al empresario Kassen Mohamad Hijazi, por supuesto lavado de dinero.
La recusación planteada bajo patrocinio del abogado José Leonel Martínez argumenta que “se ha advertido un manifiesto interés en solapar las arbitrariedades del Ministerio Público, puesto que en todo momento ha demostrado parcialidad manifiesta hacia las pretensiones del órgano acusador”.
Agrega que Otazú abiertamente ha inobservado las garantías constitucionales a favor del incoado y al incumplir normas procesales previstas, y que esto motivó a presentar una denuncia contra el mismo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, alegando que el magistrado incurrió en un error al disponer que la pericia solicitada por la fiscalía sea realizada bajo las reglas del artículo 192 del Código Procesal Penal.
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“Evidentemente que con el antecedente señalado, el ahora recusado subjetivamente formará su convicción contraria a derecho, demostrando enemistad hacia el recusante”, resalta el recusante en su escrito.
El camarista Arnulfo Arias votó por declarar inoficioso el recurso planteado por Kassen Hijazi, alegando que la recusación planteada en contra del juez Humberto Otazú “sobreviene a consecuencia de la disposición de actos investigativos previos a la imputación -autorizada por el mismo- sin que se haya formado una causa”.
Los demás camaristas votaron por admitir la recusación para su estudio, pero rechazaron el recurso planteado y confirmaron al juez Humberto Otazú para atender los pedidos del Ministerio Público en la presente investigación.
Requerido por la Justicia de los EE.UU
A Kassem Mohamad Hijazi la Justicia ya lo tuvo en la mira desde 2004 por un esquema de megaevasión impositiva y presunto lavado de dinero. En su momento se mencionó que el brasileño de origen libanés fue blanqueado con ayuda del Ministerio Público , cuyo fiscal adjunto en el Alto Paraná era en aquel entonces, el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
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El extranjero es requerido por el Gobierno de los Estados Unidos como un importante eslabón del crimen organizado, que “lava” millones de dólares, presuntamente provenientes del narcotráfico y otros delitos. Este expediente está a cargo del juez José Agustín Delmás.