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La defensa del coacusado Raúl Ernesto Delgado recusó al juez en lo penal de Villa Hayes, Christian González, y logró suspender la audiencia preliminar que estaba fijada por hoy, en la causa que investiga la “tragada” de G. 55.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes, durante la administración de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez.
Esta es la 32ª vez que se suspende la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si los siete acusados van a juicio oral y público como pide el Ministerio Público, debido a las numerosas chicanas planteadas por las defensas.
Delgado argumentó que su recusación es por la sanción disciplinaria que el magistrado impuso a los coacusados Emigdio Benítez, exgobernador de Presidente Hayes, y Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, esposa del actual titular del Ejecutivo departamental, a quienes el viernes último les revocó la libertad ambulatoria, dictó el arresto domiciliario de ambos y aumentó el monto de la fianza real, a fin de garantizar la ejecución de una eventual sentencia.
Óscar Nuñez también fue convocado para la audiencia preliminar del viernes último. Sin embargo en su caso no se pudo llevar a cabo la diligencia, debido a que la exfiscala Josefina Aghemo pidió intervención como su abogada, pero el juez Christian González le negó la intervención, ya que el acusado tiene otros profesionales que ejercen su defensa. Esta resolución fue apelada por el exgobernador.
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El caso queda ahora a cargo de los camaristas Juan Carlos Olmedo, María Elena Cañete y Christian Bernal, integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, quienes ya rechazaron varias veces la recusaciones planteadas por las defensas y confirmaron al juez en lo penal Christian González para seguir entendiendo en la causa.
Los acusados en la causa son el exgobernador y exdiputado cartista Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, su sucesor en el Ejecutivo departamental Emigdio Benítez, el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires, su esposa Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Raúl Ernesto Delgado, Edulfo Antonio Verón Recalde y Marlene Altemburger Da Silva.
Acusación fue presentada en el 2015
En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
El entonces fiscal Martín Cabrera abrió la investigación y en el 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros presuntos implicados en el caso.
En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años y seis meses aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
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La primera acusación que presentó el Ministerio Público en contra de Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación de Presidente Hayes.