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El funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) Guillermo Molinas Camps fue premiado con un ascenso en la institución. Así lo revelan documentos y fuentes de la DNA a los que tuvo acceso ABC Color. Según los informes, el 15 de noviembre último el titular de la institución, Julio Fernández, firmó la resolución por la cual se ascendió a Molinas Camps.
El llamativo ascenso ya generó hasta un pedido de acceso a la información pública a través de la web de transparencia del gobierno.
Molinas estaba ocupando un cargo con categoría A4A, nivel Técnico 1. Con esto percibe un salario de G. 8.100.000.
Sin embargo, tras la decisión tomada por Fernández, el acusado pasó a estar nombrado como jefe de departamento. Con esto, Molinas pasaría a percibir una diferencia salarial de G. 5.400.000 más; así como por responsabilidad en el cargo, que ronda unos G. 3.240.00 y otras remuneraciones extraordinarias.
Con todos estos beneficios, Molinas Camps pasaría a cobrar unos G. 18.576.000, más del doble de lo que le corresponde al estar sin cargo debido al proceso penal que pesa en su contra y en el que deberá ir a juicio.
Insumos chinos
Guillermo Molinas Camps es uno de los acusados en el caso conocido como “insumos chinos”, una compra fraudulenta en plena pandemia. En el mismo caso están procesados los empresarios Justo Ferreira y Patricia Ferreira, propietarios de las firmas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, así como Carlos Gamarra, despachante de Aduanas, y el también funcionario aduanero Gustavo Acosta, por los supuestos hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, la empresa Imedic debía proveer al Ministerio de Salud Pública tapabocas con filtro por valor de G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, lo que hace un total de G. 47.952.500.000 por el conjunto de insumos.
No obstante, la Fiscalía sostiene en su acusación que la empresa defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron compradas previamente de la empresa panameña Master House por un monto total de US$ 142.500.
Lo que dice la ley
El artículo 42 de la ley 1626 “De la Función Pública” establece que cualquier funcionario imputado por hechos punibles debe ser apartado de cualquier cargo mientras dure el proceso.