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Firmaron el Acta de Compromiso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; la ministra de la Mujer, Celina Lezcano Flores; el coordinador residente de la ONU en Paraguay, Mario Samaja, y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
También estuvieron presentes titulares de los diferentes ministerios y demás autoridades nacionales. El objetivo del compromiso es sensibilizar y concienciar sobre la violencia contra la mujer y visibilizar la urgencia de la erradicación de la misma.
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Mario Samaja, de la ONU, habló sobre el aumento de la violencia durante la pandemia en todo el mundo y explicó que, además de la violencia física, existen otros flagelos que afectan a la mujer, como el embarazo precoz, el criadazgo, la trata, uniones tempranas y forzadas, la explotación sexual y otras.
Destacó además la importancia de acelerar los procesos relacionados con la eliminación de la discriminación de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Samaja dio cifras con el objetivo de visibilizar la situación actual en nuestro país: en cuanto al abuso sexual, se registran 8 casos diarios en promedio. Embarazo: dos partos por día de niñas de entre 10 y 14 años. Dos partos por hora de adolescentes de 15 a 19 años. Son el 16,5% de los nacimientos registrados en 2017.
En el caso de las uniones tempranas o forzadas, en 2017, 16.000 niñas y adolescentes de 13 a 17 años reportaron que están casadas o unidas. Explotación sexual y trata de personas: solo en 2020 se asistió a 183 víctimas de trata interna e internacional. El criadazgo afectó a casi 47.000 niños de 5 a 17 años en 2011, lo que en ese momento representaba el 2,5% del total de niños y jóvenes del país.
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Samaja también destacó la investigación local llevada a cabo por ONU Mujer y el PNUD, cuyos detalles fueron revelados por Marcela Zub Centeno, consultora investigadora.
El representante de la ONU dijo que el objetivo es trabajar para que la ley N° 5.777/2016 “se siga implementando, para que los casos de feminicidio sean investigados con diligencia, los perpetradores sean juzgados y las familias de las víctimas obtengan reparaciones justas”.
Por su parte, Marcela Zub Centeno, consultora investigadora, en la presentación de estudios de casos de feminicidio en Paraguay destacó sobre las cifras de feminicidios que no coinciden entre las instituciones y la importancia y la necesidad de una cooperación entre las mismas para poder erradicar la violencia contra la mujer.
“El feminicidio es entendido como la violencia extrema y desmedida que atenta contra la vida y, por lo tanto, causa la muerte de una mujer. No todas las muertes violentas de mujeres son feminicidio; esta muerte reúne características especiales: la culminación de un largo ciclo de violencia doméstica, la existencia de un vínculo especial entre el agresor y la víctima (pareja o expareja) y se sustenta en relaciones desiguales de poder y discriminatorias”, manifestó Zub Centeno.
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“Los feminicidios, antes de la legislación actual, eran juzgados como homicidios, presentados muchas veces como crímenes pasionales, desvirtuando su verdadera razón, ubicando a los victimarios en un ataque de pasión, celos, de amor, de emoción, que de alguna manera pretendía justificar el crimen, desvirtuando este carácter y naturalizándolo como parte de las relaciones afectivas”, añadió.
La profesional indicó que la tipificación del feminicidio como un hecho punible autónomo hace posible visibilizar el trasfondo de estas relaciones de poder y de género e identificar a la mujer como sujeto de protección del Estado.
Datos que difieren
Con la investigación se buscó reunir información de los hechos de feminicidio desde la aprobación de la Ley, desde 2016 hasta el 2020, y analizar las sentencias sobre los hechos punibles de feminicidio para identificar el avance.
De 2017 a 2020, el Ministerio de la Mujer reportó 185 casos de feminicidio consumados, más 263 casos en grado de tentativa y 199 niños huérfanos por feminicidio.
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Los datos del Ministerio Público difieren, ya que este señala 130 casos de feminicidio consumados y recién se cuenta con datos de tentativa a partir de 2019, cuando se contabilizan 54 casos.
Zub Centeno habla también acerca de una resistencia de agentes fiscales en calificar el hecho como feminicidio, muchas veces por la complejidad de los casos y los prejuicios por la naturaleza misma de ellos.
Por su parte, el Poder Judicial reporta 92 expedientes en trámites (22 contaban con sentencia) y 83 en grado de tentativa (7 con sentencia).
Finalmente, se instó a continuar con la concienciación a nivel nacional sobre la lucha contra la violencia contra la mujer y brindar la confianza y las herramientas necesarias para que las víctimas se animen a realizar las denuncias.