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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, confirmó a ABC Cardinal que ya remitieron el pedido de intervención de la Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González (ANR, cartista), al Poder Ejecutivo.
Igualmente, refirió que la intención del presidente Mario Abdo Benítez es dar curso al proceso, que fue iniciado por concejales departamentales de la oposición en Central, pese a los rumores de que se buscaría frenar la intervención desde el Ejecutivo.
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“Lo que manejamos es que se va a enviar así como el Ministerio del Interior lo hizo, prosiguiendo con el proceso de intervención iniciado por la Junta Departamental”, agregó.
Asimismo, Giuzzio comentó que “tengo entendido que en estos días” se remitirá -desde Presidencia- el pedido de intervención a la Cámara de Diputados, que dará inicio a un juzgamiento de la administración presuntamente irregular del “Número 2″, cuyo padrino político es el expresidente Horacio Cartes.
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Pedido de intervención de Central
Los concejales departamentales aprobaron la intervención de Central luego del festín de los G. 6.382 millones (US $1.000.000) que se dio en la administración de Hugo Javier, que fueron otorgados por el Ejecutivo como fondo de emergencia sanitaria por COVID-19.
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Este fondo debía ser utilizado para la reactivación económica durante la pandemia, pero el gobernador de Central transfirió, presuntamente de forma irregular, unos G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera.
En la rendición de cuentas de la ejecución aparecen facturas clonadas, obras fantasmas, facturas a créditos sin recibo de cancelación que figuran como pagadas, además de varias facturas que fueron reemplazadas para ocultar la mala administración del recurso.
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En el marco de esta causa, Hugo Javier está imputado y afrontando el proceso, junto a otras 14 personas, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Más irregularidades
Además de la primera causa, existe otro motivo en el cual se argumenta la solicitud de intervención: la nueva denuncia hecha por los concejales opositores referente a la falta documental que sustente el uso pertinente de más de G. 18.300 millones, parte de la transferencia hecha en 2019.