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“Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad en virtud de lo estipulado en el artículo 165 de la Constitución, así como en la ley Nº 317/1994 que reglamenta la intervención a los Gobiernos Departamentales y/o a los Gobiernos Municipales, a fin de someter a consideración de la Honorable Cámara de Diputados el pedido de acuerdo constitucional realizado por la Junta Departamental de Central, solicitando la intervención Gobernación del Departamento de Central. Esta petición se fundamenta en los antecedentes que se adjuntan (…)”, dice el documento remitido por el Poder Ejecutivo y que tuvo mesa de entrada a las 12:33. El mismo está firmado por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio Benítez y el mandatario Mario Abdo Benítez.
El expediente debe ser estudiado por la Cámara de Diputados, que debe decidir si la petición avanza o no en un plazo no mayor a 15 días hábiles. De aprobarse el pedido, dentro del mismo tiempo, se deberá conformar una Comisión Especial que tendrá 90 días para intervenir la Gobernación de Central administrada por Hugo Javier. En caso de hallarse irregularidades el administrador departamental incluso podría ser destituido.
El pedido de intervención hecho por la Junta Departamental refiere a dos causas donde el supuesto daño patrimonial sería por más de G. 24.000 millones.
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La primera causa señala que más de G. 18.300 millones transferidos en el año 2019 por la Gobernación de Central a varias organizaciones sin fines de lucro, no tiene documentos respaldatorios. Es decir, no existen comprobantes de gastos y tampoco planillas de rendición de cuentas, señala una auditoría hecha por la Contraloría General de la República.
La segunda causa se trata del aparente despilfarro de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Poder Ejecutivo otorgó a la institución departamental en diciembre de 2020, para generar fuentes de trabajo en el XI Departamento, para hacer frente a los estragos causados por la pandemia de la covid-19. Pero, el exanimador de fiestas, repartió el dinero a dos ONG´s.
Así, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, imputado en la causa, recibió G. 5.105 millones para crear obras de infraestructura a pesar de no ser apta y estar habilitada para el efecto. Esto lo sabía perfectamente el gobernador Hugo Javier, ya que en el estatuto de la ONG consta que la misma se dedica a la formación de profesionales en distintas disciplina y no a la construcción.
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También, el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones. La ONG no está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Además rindió cuentas con una factura de un taller llamado “Grupo Metalúrgico y Publicitario MG”, de donde supuestamente compraron mobiliarios médicos, sin embargo, trabajadores del lugar negaron la versión.
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, confirmaron la existencia de facturas clonadas, facturas a crédito que no fueron pagadas, reemplazo de facturas, obras fantasmas, pagos que no correspondían, entre otras anomalías, en la rendición de cuentas del fondo de emergencia sanitaria.
Luz verde para la intervención
El viceministro Daniel Centurión, titular del Viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, el primero en recibir el pedido de intervención, recomendó tanto al Ejecutivo como a la Cámara de Diputados, seguir con los trámites correspondientes al petitorio.
“Damos la recomendación de que se prosigan los trámites para que se analice la intervención en la Cámara Baja”, afirmó Centurión. Agregó que es una “brillante oportunidad” que tendrá el gobernador de Central para defenderse de las acusaciones.