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La empresa estatal registra una pérdida de casi G. 44.000 millones en lo que va de este año, mientras la obligación a corto plazo de la firma representa G. 443.671.219.169, resalta el escrito que remitieron nueve sindicatos de la INC (de Villeta y Vallemí) al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Agrega que los compromisos más importantes de la cementera tienen relación con obligaciones pendientes con proveedores (en moneda extranjera), que suman G. 80.669.743.059; con acreedores por productos a entregar, por G. 32.199.114.185; obligaciones con proveedores de bienes y servicios, G. 180.889.773.048; y financiamiento temporal de caja, que llega a G. 70.676.502.779.
La nota tiene la firma de los tres frentes de servicios de la INC y son: Sineoincv, Fusincv, Stincv, por Vallemí; Sitrainc, Protecminc, Sintratur, Sitrasicp, Siteinc, por Villeta; y Siprouninc por la administración central.
“La situación crítica de la INC ha llegado a un nivel descontrolado, al borde de una total quiebra técnica y financiera, producto de una combinación de bajo rendimiento y mala gestión de la administración actual, que, al cierre del octavo mes del año 2021 apenas llegó a producir y comercializar el 31% de lo presupuestado en productos terminados”, expresó.
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Los representantes de los trabajadores destacan además que el abandono de las plantas fabriles y el deficiente gerenciamiento se reflejan en la discontinuidad, en la baja producción del clínker, la poca venta y despacho de los productos terminados, que están evidenciados en el lapidario estado financiero de la firma.
Al mismo tiempo enfatizan que entre los indicadores financieros se observa que la liquidez corriente de la INC en la actualidad expone un resultado desfavorable de 52%, es decir; solo dispone de G. 52 para cubrir una deuda de G. 100. “Esta situación lo ubica en una rígida escasez de apalancamiento financiero para seguir garantizando la producción normal de materia prima y productos terminados”, resalta.
Agrega que la empresa estatal, desde su creación, nunca ha sido azotada y amenazada de esta forma, a tal punto que arriesga sobremanera su permanencia como empresa estatal. Este diario consultó al titular de la empresa sobre las obligaciones pendientes, pero no respondió esta consulta en particular. “Seguramente la vicepresidencia de la República solicitará un informe al respecto a la INC”, dijo.
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Desmantelan motor de Villeta para llevar a Vallemí
El presidente de la INC, Ernesto Benítez, ordenó el viernes último que se desmantele el motor de accionamiento del molino viejo de cemento de Villeta (Central), para trasladarlo por tierra a Vallemí (Concepción) y que este ingenio se utilice en vez del motor averiado de esa planta.
De esta manera buscan reactivar la producción de clínker en Vallemí, disminuyendo la producción de cemento en Villeta, donde tienen dos molinos para la producción de portland, pero ahora solo uno quedó operativo.
El horno de clínker de la planta de Vallemí de la INC no puede operar sin el funcionamiento del molino de crudo, por lo que la cementera no está produciendo la materia prima del cemento desde hace varios días. Esto pese a que la estatal recientemente adjudicó la reparación del motor molino de crudo por G. 297 millones a la empresa CIE, según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero pese a las inversiones el aparato dejó de funcionar esta semana.
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Millonarias “inversiones”
La INC paralizó recientemente su producción durante 60 días en Vallemí, para realizar tareas de “mantenimiento”, supuestamente para solucionar todos los problemas de la planta. La cementera gastó más de G. 4.591 millones en estas “tareas”, pero tras la inversiones siguen las fallas y paros. Por esta situación, existe el temor de que la cementera retrase la entrega del cemento a sus clientes, como es habitual.
Durante el Gobierno de Horacio Cartes, la INC recibió US$ 80 millones de los bonos soberanos para invertir en el mejoramiento del horno, de su línea de molienda y varios otros sectores de la cementera, supuestamente para aumentar la producción diaria a 90.000 bolsas. Pero esto no ocurre hasta la fecha y la empresa estatal no produce lo que debería por las fallas constantes de las máquinas que costaron millones.
Por esta situación, la Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría general a la firma estatal. El ente contralor ya había revelado el fracaso con la inversión de los bonos soberanos, pero la Fiscalía poco o nada avanzó con las investigaciones del caso. El caso está en manos del fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, desde diciembre del 2019.