Contraloría sigue analizando descargo de Hugo Javier y no emite dictamen final

AREGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) “analiza” desde mayo pasado, hace seis mes, la forma en que fueron ejecutados los US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo durante la pandemia. Sin embargo, hasta la fecha el equipo auditor no emitió el dictamen final. El Ministerio Público sigue esperando dicho resultado para el cruce de datos.

Factura de Distribuidora Santo Domingo, de la ciudad de Piribebuy, presentada por la Gobernación.
Factura clonada de Distribuidora Santo Domingo, de la ciudad de Piribebuy, presentada por la Gobernación.Archivo, ABC Color

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El director de Rendición de Cuentas de la CGR, Emilio Ferreira, manifestó que esperan que el informe final retorne del “proceso de control gubernamental y jurídico”, donde se analiza si el dictamen concluyente “se adecua a las disposiciones de la CGR y leyes correspondientes”.

El gobernador de Central, Hugo Javier González, colorado cartista, presentó su descargo el 2 de noviembre pasado, precisamente un día después de que los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera lo imputaran junto con otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

El Ministerio Público aguarda el informe final para el cruce de datos con las informaciones obtenidas por los agentes que investigan el caso. El fiscal Estigarribia manifestó el día de la imputación que no se descarta que haya más personas implicadas en el supuesto despilfarro del fondo de emergencia sanitaria confiada por el Ejecutivo a la institución departamental.

Cabe destacar que en el informe preliminar para descargo de la CGR, el equipo auditor conformado por Emilio Ferreira, Derlis Riquelme, Óscar Hermosilla, Syrley Pereira, Araceli López, Marcia Benegas y Emilio Carreras, no existen observaciones sobre las sonadas facturas clonadas de la Distribuidora Santo Domingo (por G. 277 millones), AR Electricidad (por G.14 millones) y de Ingeniería SA (por G. 36 millones). Todos los propietarios confirmaron en su momento la clonación de los comprobantes.

Tampoco se refieren a las facturas a crédito sin boleta de cancelación a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), por más de G. 3.500 millones, es decir, figuran como pagadas, pero el dinero no habría sido desembolsado. Esta fundación recibió una transferencia de G. 5.105 millones de la Gobernación de Central, del fondo de emergencia sanitaria por covid-19. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, entre otras anomalías.

Asimismo, el informe preliminar no menciona a las facturas de pagos de salarios elaboradas a nombre de CIAP, con fechas de entre octubre de 2020 y febrero de 2021, anteriores al desembolso de G. 6.382 millones.

Tiempo hasta el lunes

El Ministerio del Interior tiene tiempo hasta el lunes para remitir a la Cámara de Diputados el pedido de intervención a la administración del cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González, planteado por la Junta Departamental.

El presidente de la Cámara Baja, el también colorado cartista Pedro Alliana, prometió que antes del receso parlamentario que iniciará el próximo 21 de diciembre, el pedido será tratado. Sin embargo, desde hace semanas ya ensayan algunas estrategias para blanquear a Hugo Javier.

En caso de ser aprobada la intervención de la Gobernación de Central, el gobernador será apartado del cargo por 90 días y de acuerdo al informe final del interventor designado, el administrador departamental incluso podría ser destituido.

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