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Durante la pandemia del nuevo coronavirus, las cárceles tuvieron una leve disminución de ingresos en un lapso de varios meses. Sin embargo, con el paulatino retorno a la “normalidad” también aumentaron los asaltos, robos, homicidios y muchos otros delitos y crímenes, sobre todo también atendiendo a la grave crisis económica.
Según la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, a nivel país hay 15.300 reos distribuidos en varias cárceles y el 72% de ese total no tiene condena; es decir, hay más de 11.000 personas que no tuvieron acceso al debido proceso judicial, por lo cual mucha gente inocente podría estar tras las rejas actualmente y sabiendo que tiene poca expectativa de una reinserción a la sociedad.
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Solo la Penitenciaría de Tacumbú cuenta con 2.300 presos hoy, pese a que su capacidad es solo para 800 internos. Según la ministra de Justicia, ahí “ni la mitad no tiene condena”. Durante la pandemia, esta cárcel redujo levemente la cantidad de reos, llegando a 2.100. Sin embargo, en los últimos meses, con el cierre de varias penitenciarías por diversos motivos, tuvieron que trasladar a muchos presos hasta el penal ubicado en la ciudad de Asunción.
Cabe resaltar que, al asumir como ministra de Justicia, Pérez se encontró con 13.748 reos, de los cuales solo 4.014 tenían condena firme y el resto, es decir 9.734, eran internos procesados. Ante el incremento de la población penitenciaria, consecuentemente, también se vio un incremento de personas con medidas cautelares.
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Revivir proyectos para solucionar un problema de nunca acabar
En otro momento, la ministra aseguró que están viendo si pueden reflotar el proyecto de ley presentado hace algunos años para establecer abreviaciones de plazos en casos de flagrancia. “A los efectos de que se puedan definir en corto tiempo los casos que no necesitan mayores elementos para la condena, que son los casos de flagrancia o cuasiflagrancia, por decirlo de alguna manera, cuando inmediatamente ya después del hecho se le detiene a la persona y se encuentran los objetos robados y la víctima le reconoce, por ejemplo. Ahí ya se tiene todo y no hace falta esperar tanto tiempo”, ejemplificó.
Agregó que ese proyecto había sido archivado en el Congreso, pero están conversando con la Corte Suprema de Justicia para volver a impulsar dicha iniciativa legislativa.
En otro momento, Pérez dijo que constitucionalmente los procesados no deberían estar en el mismo recinto penitenciario que los condenados, pero no se pude cumplir con ello por varios motivos, empezando por el alto número de gente que sigue sin ser condenada.
“Ahora mismo tenemos 18 centros penitenciarios, de los cuales cuatro son netamente de condenados y en los otros se deben tener la consideración de grupos del crimen organizado, y ahora le planteamos a la Corte un proyecto para determinar ciertos penales para procesados y otros para condenados”, adelantó en contacto con ABC.