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Los responsables administrativos del Ministerio de Salud Pública justificaron la semana pasada los millonarios pagos realizados a las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas propiedad del clan Ferreira y sancionadas por compras fraudulentas en plena pandemia.
En ese momento, Rita Villalba, directora general de Administración y Finanzas; y Hugo Martínez, director financiero, afirmaron que los pagos correspondían a contratos anteriores al inicio de la pandemia y que se realizaron debido a que existían mandamientos de embargos
“Si bien ellos están sancionados, la sanción corresponde a la prohibición de ser contratados, pero existen obligaciones previas que se deben cumplir”, afirmaron en la oficina de Villalba.
Agregaron que de los numerosos contratos firmados con las dos principales empresas del clan Ferreira, el Ministerio de Salud Pública sigue ejecutando varios que ya habían sido firmados con anterioridad y que otros ya fueron finiquitados.
Cuando se les repreguntó, ambos coincidieron en confirmar que todavía existían contratos en ejecución y que en otros casos, el clan Ferreira había solicitado la cesión de los créditos o los remanentes de los lotes que deben ser proveídos a otras empresas. Sin embargo, no aclararon cuáles eran esas empresas. El mismo grupo familiar tiene varias empresas más que proveen al Estado
Millonarios pagos dominicales
Unos G. 4.801 millones fueron depositados por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) el pasado 4 de noviembre.
Imedic es propiedad de Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano, todos procesados por diversos hechos en varias causas judiciales.
Los documentos del MSPBS revelan una rapidez pocas veces vista para realizar los millonarios pagos a Imedic.
El domingo 31 de octubre ingresaron al ministerio seis solicitudes de transferencia. Todas tenían como destino el pago a la firma Imedic SA.
Villalba aseguró que si el MSP realizó los pagos fue porque llegó un mandamiento de embargo del crédito que posee una de las empresas del clan Ferreira con la cartera estatal.
En concreto, Villalba mostró una sentencia de ejecución firmada por el juez Alfredo Barrios Jara de una demanda de ejecución de deuda promovida por la firma Guayaki SA, representada por Manuel Alarcón Yampey, contra Imedic.
La sentencia ordenaba la ejecución por G. 1.700 millones y no hacía referencia alguna al MSP.
Tanto Villalba como Martínez afirmaron que el dinero fue depositado a una cuenta judicializada como parte del cumplimiento de ese mandamiento.
Sin embargo, un seguimiento de las seis solicitudes de transferencia presentadas por Imedic SA, revela que el dinero no fue a cuenta judicializada alguna.
Documentos de Salud Pública a los que tuvo acceso nuestro diario revelan que los depósitos correspondientes a las seis solicitudes de transferencia fueron girados a una cuenta bancaria con terminación 330 en el Banco GNB (En Proceso de Fusión), ex-BBVA.