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Esta mañana se realizó la reunión presencial y virtual de la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú entre los gobiernos de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil, en y desde la sala de sesiones de la Cámara de Senadores
La comisión fue presidida por el senador Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) y contó con numerosos invitados, entre ellos Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores, así como autoridades de la ANDE y de Itaipú, entre otros.
En la parte final del debate, el canciller dijo estar “harto” de las acusaciones contra su gestión. Aseguró que la soberanía es defendida con fuerza por su cartera. Negó que la Comisión Binacional de Cuentas que integra la Cancillería pretenda “enterrar” el informe de la Contraloría General de la República sobre la deuda espuria de la entidad binacional y dijo que esta acusación es “tendenciosa e ignorante”. Agregó que inclusive ya habló con el contralor Camilo Benítez y acordaron que ambos entes son “complementarios.”
En cuanto a la deuda espuria, dijo que “hace rato” está en la cancha del Ministerio Público y que esa instancia es la que debe identificar a los responsables. No obstante, admitió que los futuros negociadores de el Anexo C deberán tener en cuenta estos elementos para negociar.
“Estoy harto de escuchar, no se anula el informe, al contrario se potencia” dijo.
Bacchetta: “Paraguay mantiene su postura”
Por su parte al término del encuentro el senador Bacchetta dijo que el Paraguay mantiene su postura de mantener el precio de la energía y no ceder ante los pedidos de Brasil. Dijo que está conforme con la actual defensa de la soberanía por parte de la Cancillería.
La deuda espuria de Itaipú, que supera los US$ 4.000 millones, se acumuló en el pasivo de la entidad binacional entre 1986 y 1997, porque los administradores de turno de la entidad aplicaron tarifas que ignoraron el costo del servicio de electricidad de la hidroeléctrica. La nueva Comisión, según su Art. 12, solo podrá investigar lo que ocurrido en cinco años, computados desde el año de instalación de la Comisión de referencia.
