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Para esta mañana estaba prevista, en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray, la audiencia preliminar para el juez Néstor Arévalo Zorrilla, el exdirector de la cárcel de San Pedro, Wilfrido Quintana Parodi; y el exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario, acusados por el caso de la granja vip “mau”.
Sin embargo, los abogados Aldo Speranza, defensor de Quintana, y Derlis Guzmán Flores, representante legal de Orella Notario, solicitaron la suspensión de la diligencia, con el argumento que tenían superposición con juicios orales ya iniciados, y el Juzgado que entiende en la causa hizo lugar al pedido y postergó la diligencia hasta el próximo miércoles 24 de noviembre, a las 9:00.
La acusación presentada por la fiscal María Irene Álvarez en contra el magistrado Néstor Ramón Arévalo Zorrilla y los exdirectores de los citados centros penitenciarios es por frustración de la persecución y ejecución penal y cohecho pasivo agravado (coima); y por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal contra los exdirectores de los citados centros penitenciarios.
Específicamente, Arévalo ordenó el traslado a la citada granja vip del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años, aunque hace tres días recayó en él otra pena de tres años.
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A su vez, Orella Notario gestionó el envío al mismo lugar del también narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez, quien desde 2011 cumplía una pena de 21 años.
El exdirector de la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú, Wilfrido Victoriano Quintana Parodi, se mantuvo prófugo de la justicia varios meses y se presentó recién en julio del año pasado.
Masacre del 2019 permitió descubrir la “granja vip”
La granja se denominaba “Porvenir” y estaba destinada para el régimen de libertad semiabierta, pese a que no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia.
Tranquilino Giménez fue trasladado del penal de Ciudad del Este a la penitenciaría sampedrana. Fue Alberto Orella, director de la cárcel de CDE, quien permitió que el integrante del grupo de Jarvis Chimenes Pavão sea trasladado de una penitenciaría a otra. Tras su arribo al penal de San Pedro, Giménez solicitó ser beneficiado con un régimen de semilibertad, que le fue otorgado por el juez Néstor Arévalo.
“Chapaló” y Tranquilino vivían en la granja en total libertad, usaban como secretarios a otros dos presos, tenían vehículos, salían de vacaciones solos o con sus familias e incluso los fines de semana visitaban los principales locales nocturnos del segundo departamento.
Todos los privilegios fueron descubiertos el 17 de junio de 2019, al día siguiente de la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan Rotela que ocurrió en la población penal común.
La investigación fiscal permitió constatar que la granja era una construcción clandestina que estaba detrás del penal, fuera del recinto penitenciario, y se comprobó que los internos condenados por narcotráfico fueron los que construyeron el lugar y lo amoblaron a su gusto. Además, se comprobó que la penitenciaría de San Pedro no contaba con un proyecto aprobado de un lugar a utilizarse como granja.
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Horas después de la masacre la granja fue allanada. Se incautaron los teléfonos celulares de Giménez y Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, en los que se hallaron conversaciones con abogados, en las que se aluden a pagos de coimas.
Tras el escándalo, Tranquilino y “Chapaló” fueron devueltos a prisiones ordinarias. El primero fue trasladado de nuevo a la cárcel del Este, donde fue asesinado el 27 de agosto de 2020.