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El dirigente campesino Ramón Giménez dijo que se reunieron los delegados de los grupos de supuestos campesinos y decidieron exigir la presencia de la Comisión de los Derechos Humanos y de Reforma Agraria del Parlamento Nacional y además la presencia de la directora del Indert, Gail González, para frenar la represión y desalojo salvaje contra los campesinos sin tierra en el distrito de Tava’i.
“Hay una ola de represión y desalojo que debe ser parado o si no va a correr sangre y también vamos a exigir la regularización de tierras irregulares que se tiene en el distrito de Tava’i. Esta regularización debe ser sin distinción alguna (sic)”, expresó el dirigente.
En ese contexto, dijo que la semana pasada fueron víctimas de la represión y el desalojo los pobladores de María La Esperanza y además están en peligro otros asentamientos, como 7 de Diciembre, Toro Blanco y comunidades indígenas, porque “la idea es instalar el monocultivo de soja a expensas de los pequeños productores”. “Los compatriotas de María La Esperanza ni siquiera pudieron salvar sus enseres, fueron arrasados por los organismos de seguridad. La comunidad de María La Esperanza se está alambrando sin permiso y van a encerrar a la gente en un chiquero”, acotó.
La fiscala Sandra Ledesma no exhibió ningún documento, no tenía orden de desalojo y actuó con mucha prepotencia, según señaló.
Igualmente, Giménez dijo que en Tava’i hay comunidades que están siendo atropelladas por narcos. “Esa es la pura realidad de esta localidad caazapeña”, indicó.
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También mencionó que “se está alambrando la tierra y varias familias van a quedar encerradas como si fuera en un chiquero y están esperando que haya hecho de sangre”.
En otro punto, Giménez denunció que la ley de represión contra los campesinos fue financiada con dinero de Itamaraty, para aplicar la legislación contra los campesinos “para instalar a los brasiguayos y el principal objetivo es Itaipú”.
El cierre de ruta comenzó cerca de las 09:00 con un receso de 20 minutos cerca del mediodía.