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Con la utilización de maquinarias pesadas como tractores, camiones y cosechadoras, los productores del distrito de Corpus Christi exigen el cumplimiento del mandato judicial de desalojo que pesa sobre un grupo de nativos de la Comunidad Tekoha Y’apo. Dicha comunidad indígena en realidad está asentada en el distrito de Villa Ygatimi, pero un grupo de indígenas de la zona “trasladaron” dicha comunidad en los citados establecimientos privados para justificar la ocupación argumentando que son tierras ancestrales.
Según Leandro Camargo, representante de la firma Principado y Laguna S.A., se encuentran cerrando de forma intermitente la Ruta PY 03 en lapsos de 15 minutos.
El conflicto es de larga data, pero a pesar de reiteradas ordenes de desalojo dictadas por la justicia, la Policía no actúa, por miedo a las consecuencias que puedan conllevar actuar contra los originarios.
Las tierras que ocupan los indígenas de corresponden a unas 5000 hectáreas pertenecientes a la Estancia Americana y que fuera transferido los derechos a las empresas de Principado y Laguna S.A.
Existe una orden judicial que prohíbe a los indígenas el ingreso a las zonas de cultivo de ambas empresas desde diciembre del 2020, firmado por el juez Penal de Garantías Santiago Núñez, de Salto del Guairá que nunca ha sido acatado por la Policía Nacional por temor a las consecuencias. Anteriormente la propia Corte Suprema de Justicia había ordenado al Indi que encuentre un lugar para asentar a los indígenas del lugar, ya que la propiedad es privada y cuenta con todas las documentaciones legales, según la propia Corte.
Según las denuncias, los indígenas explotan las tierras mecanizadas de ambos establecimientos arrendando los inmuebles a sojeros brasileños que prefieren negociar con los indígenas ya que a ellos les pagan menos que a los legítimos propietarios. Los afectados afirman que la plata que mueven los indígenas mediante el arrendamiento de las tierras ajenas alcanza a todas las instituciones, incluso al Indi, por lo que nadie demuestra interés en que los dueños de los establecimientos recuperan la posesión de sus tierras.