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Petróleos Paraguayos (Petropar) quiere adjudicar la “fiscalización” del montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la alcoholera de Mauricio José Troche Troche (Guairá) a la empresa Tecnicat SRL, representada por el ingeniero Luis Salazar Santos, por G. 3.200 millones. Esto pese a que dicha empresa también hizo el diseño y los pliegos de la licitación de esta cuestionada “inversión” que quiere concretar la petrolera del Estado.
Pablo Seitz, titular de la DNCP, señaló hace unos días a este diario que las empresas que hicieron proyectos para una obra del Estado o empresas públicas, no pueden fiscalizar la ejecución de la misma, porque esto no es permitido en la ley. Pero la institución a su cargo tampoco hace nada para evitar que se concrete esta adjudicación.
Seitz señaló que el artículo 40 de la normativa, donde se desglosan las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o contratar con el Estado, señala claramente en su inciso “h” que no pueden ofertar “las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar”.
Ayer se consultó al titular de la DNCP si realizará alguna intervención en esta convocatoria de Petropar, pero evitó responder al respecto hasta el cierre de esta edición. Se teme que la entidad pueda aprobar todo lo realizado por Petropar en esta licitación, como ya ocurrió en otros casos como el del puente a Chaco’i, cuando la institución dictaminó que que por “fuerza mayor” se podía aumentar el precio de una obra licitada con la modalidad de “suma alzada”.
Tecnicat SRL fue la única oferente de la licitación, cuya apertura de ofertas se realizó con total sigilo hace un mes. Dicha empresa tampoco responde a los cuestionamientos de la licitación. ABC ha intentado comunicarse con ella, en el número que aparece en la web de Contrataciones, pero no hay respuesta.
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Dos ofertas para la “inversión”
Lo cierto es que Petropar ni esperó la aprobación del presupuesto por parte del Congreso y ya licitó “ad referéndum” tanto la construcción de la línea de molienda como la fiscalización. Para las obras propiamente, la oferta más barata, por G. 176.355 millones, fue presentada por la empresa Engematec SA, al parecer de origen brasileño, y cuyos registros no aparecen en el portal de la DNCP. Esta firma ni siquiera presentó la garantía de mantenimiento de su oferta, por lo que sería descalificada.
La segunda oferta fue propuesta por la compañía Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por un monto de G. 195.299 millones. Esta empresa fue adjudicada en su momento para encarar las obras de mejoramiento del aeropuerto Silvio Pettirossi (durante la gestión de Edgar Melgarejo), que registra retrasos y sobrecostos actualmente y la Dinac dijo que multará a la empresa por estos retrasos.
La empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, intentó participar de la licitación, pero le devolvieron su oferta porque “se presentó tarde” y quedaron en competencia solo dos dudosas empresas. Tecnicat SRL le había solicitado presupuesto a esta firma para “calcular” el precio referencial del llamado, por lo que se habló de un posible direccionamiento.
Pese a los cuestionamientos a este plan, sindicatos y productores de caña de azúcar presionan para que se apruebe esta millonaria inversión en una alcholera que solo registra pérdidas. Fuentes extraoficiales indicaron que detrás de la movilizaciones existen “poderosos hay financistas”.
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Consultores cuestionan el proceso
El presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), Julio Mendoza, señaló que la licitación de Petropar para la fiscalización de tren de molienda busca violar la ley. “Una empresa que realizó el proyecto no puede fiscalizar esa misma obra, porque eso no permite la ley 2051. La empresa al hacer el diseño ya tiene ventajas ante otros posibles oferentes que pudieron participar en la fiscalización y, además, ¿cómo va a cuestionar si algo está mal en el proyecto que hizo? Esto no puede ser porque si le adjudican será juez y parte. Pero sin tener en cuenta estas cuestiones, la ley no lo permite”, manifestó.
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Llamativamente, sólo Tecnicat SRL se presentó en esta licitación, por lo que de nuevo se sospecha que el llamado estaría direccionado. En este sentido, Mendoza señaló que no le extrañaría que se trate de una convocatoria digitada, ya que en el gremio ni se enteraron de la licitación.