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El agente fiscal ya cuenta con el informe de la pericia técnica elaborada por un especialista del Ministerio Público a la estructura del puente caído, el pasado 9 de junio. En el mismo se señalan varios hechos que están siendo analizados en el marco de la investigación penal.
En tal sentido, Legal lleva adelante el proceso de individualizar responsabilidades dentro de la causa y, en caso de constatar ciertos hechos, estará imputando a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Sin embargo, el representante del Ministerio Público no descarta que la acción penal pueda extenderse a algunas empresas que estuvieron involucradas en la realización de estudios, construcción y el mantenimiento de la obra, que tenía una antigüedad de 20 años.
La imputación -preliminarmente- gira en torno al artículo 204 del Código Penal Paraguayo, referente a las “Actividades peligrosas en la construcción”.
Dicho órgano establece en su artículo 1º: “El que con relación a actividades mercantiles o profesionales de construcción, e incumpliendo gravemente las exigencias del cuidado técnico, proyectara, construyera, modificara o derrumbara una obra construida y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa” y en su “artículo 2º: El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”.
A pesar de que esa sería la base en la cual está llevándose a cabo la investigación, Legal no descarta que más adelante se pueda ampliar con otros hechos punibles. Todo depende del grado de responsabilidad que tenía cada protagonista en el caso.
Reclamos no atendidos
Tras la caída del puente, los vecinos del lugar indicaron que el mismo fue construido solo para que pasen vehículos no tan pesados, pero el trayecto fue empedrado y luego asfaltado, es así que esta obra fue inaugurada en abril de 2020. Luego, se habían denunciado fisuras e irregularidades en la estructura, que los funcionarios del MOPC buscaron solucionar con trabajos de bacheo.
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De hecho, los pobladores de la zona indicaron que la estructura no estaba preparada para aguantar el peso de los vehículos que circulaban sobre ella con cargas de gran porte para acortar distancia, pues el puente conectaba la ruta PY08 con el centro de Tacuatí.
El percance involucró a tres vehículos: una camioneta Kia en la que iban Juan Agripino Galarza (32) y Fernando Manuel Fernández (35), mientras que María Wilma Villalba (63) falleció al quedar sepultada; un camión de mediano porte Mercedes Benz, al mando de Rodney David Areco (23), que estaba acompañado de Denis Leonardo Díaz (19), quien falleció, y un camión de gran porte con materiales de construcción que estaba al mando de Juan Javier Alarcón Ferreira (40), que también pereció.
En proceso de reconstrucción
La empresa Edivisa, representada por Emilio Díaz de Vivar, lleva adelante actualmente la reconstrucción del puente en el tramo Tacuatí-ruta PY08, desplomado en junio pasado. La culminación de los trabajos está prevista para dentro de seis meses, según anunció el encargado de la obra en la zona, Germán González.
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Ante la desidia del MOPC, los pobladores construyeron un precario puente de madera para el paso peatonal y para motocicletas. Así también, colonos menonitas se unieron y construyeron un puente provisorio para vehículos livianos.