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El argumento utilizado ayer por el diputado Rojas revela que muchas de las autoridades de instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo hicieron caso omiso a la orden que dio el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de no pedir aumentos y de respetar el tope establecido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 que se había presentado al Congreso.
Como se publicó en su momento y ocurre cada año, muchas autoridades acuden a la audiencia informativa ante la bicameral para reclamar más recursos de lo que se le asignó en el proyecto de presupuesto presentado por el propio Ejecutivo y los parlamentarios se valen de esto para terminar inflando del gasto público y creando cargos.
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Los pedidos que fueron realizados ante la bicameral ascendieron a más de US$ 1.000 millones, mucho de esto solicitado por instituciones dependientes del Ejecutivo, así como también de los organismos componentes del Poder Judicial y de las universidades nacionales, aunque estos últimos tienen autonomía en el manejo de sus respectivos presupuestos.
El diputado Rojas en la sesión extraordinaria realizada ayer miércoles 10 por la Cámara de Diputados, en donde dio media sanción al proyecto de PGN 2022, justificó la utilización de los US$ 17 millones del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) señalando que esos recursos fueron distribuidos a instituciones de carácter social, de gran importancia para la atención dentro de la situación que vive el país, porque estas sufrieron recortes presupuestarios.
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Fueron a implorar a bicameral
El legislador defendió la actuación de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y de la Comisión de Presupuesto de Diputados, argumentando que las reasignaciones de fondos se hicieron con fundamentos y de manera responsable para gastos misionales, en base a pedidos formales enviados por las entidades públicas.
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A modo de ejemplo, Rojas mencionó que la ministra de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Mariela Soledad Ramírez, fue a la bicameral a “implorar” porque no tenía recursos para la compra de medicamentos y otros materiales médicos, por lo que se le reasignó G. 7.000 millones.
También citó a la Dirección de Beneficencia (Diben), a cargo de Carmen Alonso; y habló de la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González Yaluff: “Si pudieramos ver la grabación de la presidenta del Indert, que por poco no se desplomó reclamando los recortes y recursos para la compra de tierras”, dijo en una parte de su exposición.
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Rojas enfatizó que “otras y otras instituciones tenemos a la vista para detallar” y luego buscó justificar la creación de 1.209 cargos en los organismos de la justicia (Corte Suprema, Fiscalía y Defensoría Pública) afirmando que fue menos del 50% de lo que se pidió y que se aprobó para dar cumplimiento a leyes sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.
Pidieron que se reponga al FEEI
Lo expuesto por el diputado Rojas fue una reacción a lo que antes manifestó en la sesión el diputado Hugo Ramírez (ANR), quien pidió que se reponga los US$ 17 millones recortados al FEEI y que los kts y alimento escolar presupuestado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se vuelva a financiar con recursos del Tesoro como estaba previsto en el proyecto del Ejecutivo.
El vicepresidente de la bicameral, insistió en que no hubo ningún recorte a los programas del FEEI presupuestados para el próximo año. “De ninguna manera hay recortes, no quedaran niños y niñas sin becas, ya lo dije 100 veces y lo voy a repetir 100 veces si es necesario”, indicó, cuando que las críticas se realizan porque recortaron los fondos del FEEI que están depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP).
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Rojas dijo que se les quiere pintar a los legisladores como que hicieron algo descabellado, sin embargo, señaló que el Consejo del FEEI lo que pretende es blindar sus recursos y reconoció que lo que hicieron es reasignar los “saldos de recursos disponibles del FEEI”, porque según una investigación técnica que realizaron tiene dinero disponible por más de US$ 300 millones.
En ese sentido, expresó que atendiendo lo que se podría venir al usar estos recursos, se aprobó un artículo dentro del proyecto de ley de presupuesto “en el cual se le responsabiliza al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, para que pueda ir reponiendo esos recursos gradualmente”.