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La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC), inicialmente había emitido un dictamen por el rechazo del proyecto con media sanción del Senado. Sin embargo, ante la falta de votos para sostener su rechazo decidieron volver a dictaminar y esta vez aprobar con modificaciones la norma.
La comisión plantea un proyecto de ley en el que se establezca una multa de 15 (G. 1.320.765) a 30 jornales mínimos (G. 2.641.530) para quienes voten mediando inhabilitaciones establecidas en el artículo 91 del Código Electoral como: interdictos, sordomudos, soldados conscriptos entre otros.
Asimismo, la multa se aplicará para secretarios o funcionarios del Registro que omitieren comunicar las inhabilitaciones o sus levantamientos.
También se aplicará a quienes violen las prohibiciones establecidas por la autoridad pública en materia de utilización de altavoces.
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Se establece que quienes sin estar eximidos conforme al artículo 94 del Código Electoral, no cumplan con su obligación de sufragar, serán sancionados con una multa equivalente a medio jornal mínimo para actividades diversas no especificadas.
Los diputados eliminan del proyecto original las inhabilitación para tramitar documentos personales e incluso percibir un subsidio del Estado.
Facultad
En contrapartida, también tratarán otro proyecto de ley que otorga “facultades” al Tribunal Superior de Justicia Electoral de convertirse en órgano recaudador de las sanciones. La norma cuenta con media sanción del Senado.
En uno de los incisos se otorga el poder al TSJE de percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral. Administrar los fondos asignados a la Justicia Electoral en el Presupuesto General de la Nación. La norma fue presentada por el senador Abel González (PLRA) y tendría el visto bueno del órgano electoral. La comisión de Justicia recomienda aprobar el proyecto.