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El juez de Garantías Julián López fijó para el martes 14 de diciembre la audiencia preliminar de la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, quien el lunes último asumió su propia defensa y la de su pareja, tras la renuncia de los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann.
La extitular de Petropar y su esposo fueron acusados por los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz por supuesta lesión de confianza en la compra de agua tónica para la institución, con la excusa de que la bebida era eficaz en la lucha contra el covid-19; además de otros insumos.
La audiencia de imposición de medidas se realizó el pasado jueves 4 de noviembre, pero Patricia Samudio y su esposo se quedaron sin defensa a raíz de la renuncia de los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann.
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En el caso de los coacusados Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga, el juez Julián López hizo lugar al pedido planteado por las defensas y otorgó la suspensión condicional del procedimiento para los cuatro.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz se allanaron a la propuesta, teniendo en cuenta que los mismos que los mismos fueron procesados como cómplices de la lesión de confianza y la expectativa de pena no es elevada.
Habría pagado cuenta personas con dinero desviado
Según la acusación fiscal bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000. Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal.
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic S.A, la fiscal Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.
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La agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic S.A. Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.