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Luego de un extenso debate sobre el recorte realizado al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI) y dos cuartos intermedios, los legisladores terminaron aprobando en una confusa sesión las modificaciones realizadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y la Comisión de Presupuesto de Diputados al proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo.
La aprobación para algunos se realizó a “libro cerrado”, porque entendieron que directamente se puso a consideración el dictamen de la bicameral y la modificación de la Comisión de Presupuesto, con lo que se cerró la posibilidad de que se pueda analizar el presupuesto institución por institución, lo que llevó a algunos incluso a dejar constancia de su abstención sobre la aprobación del plan.
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El Ejecutivo planteó un presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), proyecto inicial más adenda, y Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones), pero de este monto US$ 35 millones sobrepasan el tope de gasto que había establecido el Ministerio de Hacienda y que fueron calzados por los legisladores inflando la estimación de ingresos en concepto de IVA e impuesto al tabaco.
Con los cambios introducidos el déficit fiscal, como lo había solicitado Hacienda, pasa de 1,5% a 3% del PIB y permite destinar más fondos a Salud Pública, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que en este último caso fue una iniciativa parlamentaria.
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El presupuesto del FEEI fue bastante debatido, pero por mayoría la cámara terminó confirmando el recorte realizado por la bicameral de US$ 17 millones, de sus reservas depositadas en el Banco Central del Paraguay (BCP), y fueron asignadas a compra de kits y alimento escolar. De nada sirvió el pedido que realizaron desde el Consejo del FEEI y de los diversos sectores de la sociedad para que no sean tocados.
Cargos y aumentos salariales
Los recursos pasaron, junto con los otros recortes efectuados para totalizar US$ 48 millones, a formar parte de un “fondo de contingencia”, que se utilizó para reasignar a gastos rígidos, como por ejemplo la creación de 1.209 cargos en los organismos de justicia: Corte Suprema, Fiscalía, Ministerio de la Defensa Pública; así como también para que la Justicia Electoral destine G. 20.000 millones a los partidos políticos, entre otros.
El Parlamento también se aseguró G. 14.053 millones (US$ 2 millones) que podrían ser destinados al pago de bonificaciones o reponer el aumento salarial a funcionarios del Senado y del Congreso que este año quedó sin efecto luego de que la ciudadanía repudiara la decisión; igualmente se prevé 50 cargos de asesores en la Cámara de Diputados, con un impacto de unos G. 1.100 millones en salarios.
En lo que respecta a los aumentos salariales, se incluyó la propuesta realizada por el Ministerio de Salud Pública de reprogramar G. 150.000 millones (US$ 28,1 millones) para implementar de manera gradual la reducción de la carga horaria de 24 horas a 12 horas por vínculo, la contratación de personal para cubrir esa brecha del servicio y para el aumento salarial desde el segundo semestre para los médicos mediante un sistema de escalafonamiento (lo que es apenas el inicio, ya que cada año requerirá de más fondos para extenderse a todos).
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Hacienda sobre este punto se lavó las manos, atendiendo que ante la consulta que le realizó la comisión de diputados respondió que Salud es la responsable de asignar y priorizar los recursos sobre la base de los topes financieros establecidos por el Tesoro, lo que fue interpretado por los parlamentarios como una anuencia para su inclusión.
Con respecto a los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), se impactó el 11% de suba que recibieron en octubre pasado y desde julio se sumará otro 5% de acuerdo con la recaudación tributaria, lo que representa más de US$ 100 millones.
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En la plenaria, además, por la vía de las reprogramaciones se incluyeron una serie de modificaciones que no fueron contemplados en los dictámenes, como G. 5.000 millones para nivelación salarial del personal del Hospital de Clínicas, fondos para una ONG y una facultad del interior del país, que hará el próximo año más rígido el gasto público.
El proyecto de ley será remitido a la Cámara de Senadores para su estudio y de aceptar las modificaciones será sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación. Caso contrario, volverá a Diputados para una segunda vuelta, en cualquiera de los casos el Senado tiene la decisión final.