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Antes de la sesión extraordinaria para el estudio de Presupuesto 2022, el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la ANR, Pedro Alliana (ANR, HC) ya trató justificar a su correligionario y compañero de movimiento, el gobernador Hugo Javier González, diciendo que así como hay sospechas sobre el mismo, también se debería indagar a la Municipalidad de Ciudad el Este, liderada por el opositor Miguel Prieto (Mov. Conciencia Democrática CDE), y la de Encarnación, a cargo de Luis Yd (Alianza Encarnación al Frente).
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En la misma línea, el diputado también colorado cartista Miguel Tadeo Rojas afirmó estar dedicado al estudio del presupuesto, por lo que no está muy interiorizado sobre las acusaciones contra su correligionario, pese a que incluso ya hay una imputación por delitos como lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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“No puedo atribuir ningún tipo de responsabilidad a él, hasta tanto la justicia, por más que está en investigación, realmente lo condene como culpable de lo que se le está acusando, y si tiene peso de conciencia, que renuncie”, afirmó Rojas.
El mismo agregó que cuando llegue el pedido de intervención desde Presidencia, analizarán cómo actuar. “Veremos cuando llega acá que corresponde, seguro vamos a constituir la comisión y se tiene que estudiar”, sostuvo.
Por su parte, la diputada opositora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) cuestionó los argumentos que plantean los cartistas y pidió que la ciudadanía esté muy atenta al proceso para lograr la intervención.
“Evidentemente que la claque... la cúpula del Partido Colorado tiene un interés de salvar a aquellos operadores electivos que dentro de su partido están cometiendo grandes tropelías. Está pasando con Nenecho, va a pasar con Hugo Javier”, advirtió González, a la vez de pedir la presión ciudadana para tratar de cambiar esa situación.
“Probablemente esto no se solucione en el Congreso, se va a solucionar en cuanto la gente entienda que una presión sostenida es absolutamente necesaria para que pueda concretarse una intervención”, afirmó.
Finalmente, dijo que plantear que se requiere una condena en la justicia para proceder con la intervención es un “disparate” y recordó el antecedente de la Municipalidad de Ciudad del Este, con la administración de Sandra McLeod (ANR, excartista).
“Es un disparate lo que están diciendo, uno puede llegar -por la pinta- a que, por defender a una persona, a hacer el ridículo, porque la Constitución Nacional (...) en ninguna parte habla de la necesidad de una condena”, sostuvo.
Perjuicio de G. 1.600 millones, de momento
La imputación explica que el gobernador Hugo Javier facilitó todo el fondo de emergencia a dos organizaciones “sin fines de lucro”: la fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.
Los documentos que el gobernador asegura que “están todos” demuestran rendiciones de cuentas con facturas clonadas, obras pagadas con otros fondos, pago de salarios, facturas a crédito sin recibo de dinero y más irregularidades administrativas.
El presunto perjuicio sería por un total de G. 1.676.891.126, por el momento, “sin que obste a que existan otras supuestas obras en la misma situación, lo cual se determinará en la etapa investigativa”.