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En la mañana de ayer, integrantes de los sindicatos de Petróleos Paraguayos (Petropar) bloquearon el acceso a las plantas de producción de Villa Elisa (Central) y Mauricio José Troche (Guairá), lo que derivó en un encuentro con autoridades del Gobierno, en horario de la tarde, para atender los puntos que reclamaban los funcionarios y que duró más de dos horas.
Uno de estos puntos son las “inversiones” previstas en la planta alcoholera de la estatal, ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche, en Villarrica, por unos US$ 25 millones, pese a que en la fábrica hace algunos años ya se inyectó un millonario capital que no sirvió para poner a punto a la industria. El llamado a licitación para realizar las pretendidas obras al parecer se intentó adjudicar a la “superproveedora” Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, pero la firma llegó tarde a la apertura de ofertas, el pasado 2 de noviembre. El proceso no solo es llamativo por la presencia de dicha firma, sino además, porque la fiscalización pretenden adjudicar a la misma empresa que hizo el proyecto, por lo que sería juez y parte. Se trata de la empresa Tecnicat SRL, la única oferente presentada en el llamado para fiscalización.
En la reunión de ayer, participaron las autoridades de la citada institución, Hacienda y Función Pública. El representante de los sindicatos, Gerardo Parodi, afirmó que dos de los tres puntos planteados se resolvieron, por lo que se declara un cuarto intermedio hasta el jueves. “Depende del informe que recibamos”, dijo.
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Los sindicalistas lograron el reporte del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) de aprobación al criticado proyecto de Petropar para el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la planta industrial de Troche, cuya licitación está en curso, por US$ 25 millones. “Vimos muy positiva la reunión, confiamos en un 90% que el informe será bueno”, expresó Parodi.
Se intentó conversar al respecto con el director de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, sin embargo ayer no respondió la solicitud de entrevista. En declaraciones anteriores brindadas a ABC, había explicado que se dio un par de “tareas a Petropar” para evaluar si amerita la aprobación de los recursos. Se solicitó un plan de aumento de productividad de los cultivos de caña de azúcar, para ir “ajustando los precios de la materia prima sin sacrificar ingresos de los productores”.
En la apertura de sobres de esta licitación, se había presentado la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, la “superproveedora”, a pesar de que se encuentra suspendida por Contrataciones Públicas. Finalmente, fue descalificada por llegada tardía.
Extensión de contratos
Otro de los puntos exigidos por los sindicalistas fue la extensión por seis meses más del contrato de los funcionarios contratados y que en este lapso, se llame un concurso interno. Se trata de la situación que afecta a 90 contratados.
Esto se cuestionó porque, según había explicado Brizuela, se desconoce la necesidad real de más funcionarios.
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El último punto es referente a la deuda que se tiene con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Hacienda planteó usar los US$ 50 millones que la estatal tiene en su cuenta para saldar parte del compromiso que arrastra con la petrolera venezolana, pero los sindicalistas se oponían por considerarlo un “despojo” de los recursos. Finalmente, se consideró que Hacienda use esos recursos y que luego los consigne en concepto de pagos de impuestos de Petropar, unos G. 70.000 millones anuales desde 2023 al 2025, dijo Parodi.