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El artículo de referencia, cuyo texto puede leerse en su totalidad en la plataforma digital de ABC, señala que “Las auditorías aprobadas por la Comisión (Binacional de Cuentas) podrán llevar en cuenta los hechos ocurridos dentro de los cinco años que precedan al ejercicio de referencia de la rendición de cuentas en análisis”.
Si vinculamos este artículo con el N° 9: “La competencia de la Comisión para análisis de rendición de cuentas y para ejecución de auditorías se inicia a partir del ejercicio en que tenga lugar su instalación”. Por lo tanto, si la ley de aprobación del nuevo instrumento diplomático es sancionada y promulgada aún este año, la Comisión podrá auditar, retropectivamente, solo hasta el 2017.
La deuda espuria, inclusive ilícita, según la conclusión de la Contraloría General de la República (CGR), se acumuló en el lapso comprendido entre 1986 y 1997 y alcanzó la suma de US$ 4.193 millones, porque los órganos de administración de Itaipú aprobaron la vigencia de una tarifa inferior a sus costos, razón por la cual, debió obligarse con nuevos préstamos, en la generalidad de los casos de Eletrobras, para calzar su presupuesto.
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19 de julio
El informe final de la CGR fue presentado, en conferencia de presa, por su titular, Camilo Benítez, el 19 de julio del presente año. Agregó que esta auditoría empezó en 2009 y finalizó en 2021 a raíz de varias reticencias de anteriores autoridades de la entidad binacional.
El contralor apuntaba en la ocasión que de lo que sucedió debería responsabilizarse no solo a las autoridades brasileñas, sino también a la complicidad de directivos y autoridades paraguayas.
Dos días después de la conferencia de prensa, el miércoles 21 de julio, en el ministro Acevedo decía a los periodistas que si se comprueba la ilegalidad de la deuda se debe reclamar el pago y el resarmiento y añadía que estaba tomando con mucha seriedad el informe de la CGR sobre esa deuda.
¿El nexo sugerido?
También declaraba en la ocasión que le gustaría que el contralor general buscase un nexo con su par brasileño “para tratar este tema en un diálogo, aclarar los puntos y, si corresponde un resarcimiento, que este se concrete”.
La N.R. N° 3/2021, permitirá ese nexo, porque en su Art. 5 establece que la Comisión estará integrada por tres representantes de la Contraloría General de la República y tres del Tribunal de Cuentas de la Unión, sin embargo, los cinco años, apenas, de retroactividad bloquean, con la mayor rigidez burocrática, las posibilidades de auditar esos once años de gestación de la deuda espuria, en cuyo proceso la conclusiones de la CGR hubieran sido sumamente útiles.
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