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Fernández explicó que, como el Tratado de Itaipú fue aprobado antes de la creación de la Contraloría como órgano superior de control, y en el documento binacional señala que la entidad debe ser auditada, pero no especifica claramente por quien, entonces el acuerdo para la creación de la Comisión Binacional de Cuentas viene a complementar las atribuciones que el ente contralor ya tiene por Constitución Nacional.
“Independientemente a esta Nota Reversal, la Contraloría, por mandato de la Constitución Nacional, tiene atribuciones para auditar la margen derecha. Solamente que cuando vamos a auditar a nivel binacional, como por ejemplo la deuda o sobre la represa, que afecta a ambos gobiernos, necesariamente teníamos que tener una comunicación de cancilleres. Con esto, esa situación se subsana”, detalló.
Ante la consulta de si este nuevo acuerdo afecta o no al informe final sobre la deuda de Itaipú, Fernández fue tajante: “Para nada”. Indicó que ese informe se originó con un acuerdo, el que se suscribió en el año 2009, entre los ex presidentes de Paraguay y Brasil, Fernando Lugo y Luiz Inacio “Lula” Da Silva, respectivamente. “O sea que ambas Altas Partes contratantes estaban de acuerdo con que se audite y que sea la CGR del Paraguay quien lo haga. Para que justamente ese tipo de limitaciones ya no se den, es que esta Nota Reversal habilita a hacer auditoría y que cada margen tenga su representante”, sostuvo.
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Asimismo, se le preguntó a la directora general de Control Gubernamental de la CGR, si el punto 12 de la Nota Reversal afectaría de forma negativa a las conclusiones del Informe final sobre la deuda de Itaipú, presentado por la institución a mediados de este año, a lo que contestó que “la CGR, con esta Nota Reversal no ve ninguna traba”. Reiteró que el mandato que tiene el órgano es constitucional y está por encima del tratado.
El punto 12 de la Nota Reversal para la creación de la Comisión Binacional de Cuentas señala que “las auditorías aprobadas por la Comisión podrán llevar en cuenta los hechos ocurridos dentro de los cinco años que precedan al ejercicio de referencia de la rendición de cuentas en análisis”.
“Con esto, la CGR refuerza su teoría. Si eventualmente hay alguna necesidad de verificar alguna situación, por lo menos en el lado paraguayo, no vemos como una limitación”, añadió Fernández.
Recordó que la Contraloría, en este momento está con dos comunicaciones a Itaipú para el inicio de auditorías, uno para el que no se está pudiendo obtener la información debido a que está en una instancia de definirse la competencia o no, que la Itaipú solicitó a la Corte. “No obstante, para nosotros, desde la Contraloría, está claro que tenemos atribuciones de disponer la auditoría y esta nota viene a reforzarnos”, argumenta.
La otra es la comunicación oficial que el contralor, Camilo Benítez, realizó en setiembre pasado, para auditar en el 2022 las obras de infraestructura financiadas con fondos sociales en el ejercicio fiscal 2021. “El contralor decidirá si se prosigue con eso o si realizan esas evaluaciones en el marco de estas Notas Reversales, siempre que el Congreso lo apruebe”, apuntó.