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Con esta afirmación, Brizuela prácticamente dio por hecho que el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) también dará luz verde al criticado proyecto que lleva adelante el titular de la firma estatal, Denis Lichi. Afirmó que con el hecho de que Hacienda haya remitido la adenda del presupuesto para concretar esta inversión al Congreso, ya se dio la viabilidad a esta “inversión” de Petropar.
Cuando se le preguntó cuándo se tratará este plan en el CNEP y si lo aprobarían, el funcionario señaló: “El hecho de que se haya decidido enviar la adenda (al presupuesto de Petropar del 2022 que incluye la planta de Troche) ya se había dado viabilidad a esto, lo que se espera es que una vez que el Congreso apruebe el presupuesto, ahí ya estará todo encaminado para que se haga”.
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La propuesta de adenda que el Ministerio de Hacienda presentó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso prevé una reprogramación a favor de Petropar para la cuestionada ampliación de la planta alcoholera Troche.
El mensaje que acompaña el pedido de adenda para el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, firmado por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, explica que se contempla una reprogramación dentro de Petropar por un monto de más de G. 244.980 millones (US$ 35,1 millones al cambio presupuestado).
Los gastos serán financiados con los recursos generados por la entidad y que, inicialmente, estaban asignados para la compra “energía y combustibles”, así como también para el pago de “deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicios anteriores”. El Congreso tratará desde mañana el Presupuesto General de la Nación.
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Petropar apuró licitaciones “ad referéndum”
Petropar ni esperó la aprobación del presupuesto por parte del Congreso y ya licitó “ad referéndum” tanto la construcción como la fiscalización de la línea de molienda de Troche con la modalidad. Para las obras, la oferta más barata, por G. 176.355 millones, fue presentada por la empresa Engematec SA, al parecer de origen brasileño, y cuyos registros no aparecen en el portal de la DNCP. Esta firma ni siquiera presentó la garantía de mantenimiento de su oferta, por lo que sería descalificada.
La segunda oferta fue propuesta por la compañía Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por un monto de G. 195.299 millones. Esta empresa fue adjudicada en su momento para encarar las obras de mejoramiento del aeropuerto Silvio Pettirossi (durante la gestión de Edgar Melgarejo), que registra retrasos y sobrecostos.
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La empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, intentó participar de la licitación, pero le devolvieron su oferta porque “se presentó tarde” y quedaron en competencia solo dos dudosas empresas.
Para la fiscalización de la obra solo ofertó la empresa Tecnicat SRL, por G. 3.200 millones. De acuerdo con los datos, Petropar quiere entregar a Tecnicat SRL la “fiscalización y control de obras” de la línea de molienda, violando la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, porque la consultora, representada por el ingeniero Luis Salazar Santos, es la misma firma que elaboró el proyecto ejecutivo (diseño) de este criticado plan e incluso preparó el pliego y el precio de referencia del llamado en curso. Según la normativa vigente, una firma que elaboró el proyecto de una obra pública no puede participar en la supervisión o fiscalización de la misma.