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Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expuso: “Entendemos que una escalada represiva, casi sin precedentes, que se está dando contra los movimientos campesinos con los desalojos y política de criminalización se encuentra en curso en el país”.
También dijo que “la Codehupy hace mucho tiempo que viene observando la práctica estatal en relación a las políticas de judicialización de dirigentes campesinos, que son víctimas de procesos judiciales arbitrarios en el contexto de la lucha por la tierra”.
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Su discurso continuó: “Desde hace mucho tiempo, y en este año en particular, la política de desalojos forzosos que enfrentan campesinos, comunidades indígenas y en el área urbana de la capital. Hoy nuevamente asistimos a la coyuntura en donde sectores políticos y económicos vinculados a las últimas reformas penales que se han dado para criminalizar la lucha por la tierra están aprontando acciones para desalojar un asentamiento que tiene más de 9 años de existencia donde hay 400 familias”.
El dirigente apuntó que “el asentamiento cuenta con escuelas, servicios de salud y electrificación que el propio Estado ha establecido. Y ese mismo Estado que no ha podido resolver una demanda legítima de tierras hoy está encarando acciones para desalojar a estas familias de manera irracional”.
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“Son ilegales e ilegítimos”
“Estos desalojos del Estado son ilegales e ilegítimos (...) El origen de las tierras de Joaju. Estas tierras son una de las tantas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia como tierras malhabidas”, definió.
Acusó además que “en 1971 el Estado paraguayo adjudicó a sujetos extraños a la Reforma Agraria y las cambió por una avioneta”.
Ayala Amarilla subrayó que “esas tierras entregadas de forma irregular hoy pertenecen a empresas que están disfrutando de manera ilegítima esos inmuebles. El Estado antes que proponerse desalojar a los campesinos debería encarar una política de recuperación de las mismas para que este asentamiento sea regularizado”.
Dijo que “están preocupados por los desalojos del asentamiento dentro del mercado, Cristo Rey y ahora con alto riesgo de que suceda en 1º de Marzo”.
El proyecto de expropiación
Ramón Medina, dirigente de la comunidad Joaju, expuso que el jueves la Cámara de Senadores en el punto 9 del orden del día va a tratar el proyecto de expropiación. “Nosotros presentamos el proyecto de expropiación y, al mismo tiempo, la denuncia sobre las tierras malhabidas, tanto en el Indert como en la Procuraduría general de la República”, enumeró.
Según observó, quieren que se investiguen las tierras malhabidas. “El Gobierno y el Estado investiguen el origen de las tierras y que resuelvan con políticas públicas y no con represión”, añadió.
A su turno, el abogado Juan Bautista Rivarola dio a conocer que que “ya existe un informe oficial de la Comisión Verdad y Justicia reconocida por el Poder Ejecutivo que identifica claramente las tierras de Perfecta SA como tierras malhabidas”.
Declaró que “no cumplieron con los requisitos legales vinculados al grupo de la familia Bendlin. Ya el Estado paraguayo ha dictaminado que estas tierras no han sido adquiridas de manera legal y, por tanto, deben ser recuperadas y dadas a sus verdaderos beneficiarios que deben ser personas sujetas de la Reforma Agraria”, finalizó.