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Uno de los casos más importantes de contrabando incautado en el país se registró el 19 de diciembre de 2018, en Saltos del Guairá, en un aparatoso operativo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con el apoyo de 70 hombres de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tres fiscales de la capital y 16 funcionarios del Ministerio Público, sin embargo, el caso se diluyó en el opareí, según fuentes de la UIC.
En este caso, pocos días después, el juez penal de garantías de Salto del Guairá, Claudio Rubén Martínez, quien luego fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en un juicio por su sospechoso proceder, emitió un fallo mediante el cual ordenó a la Policía Nacional que no moleste a los tres “presuntos” contrabandistas de Canindeyú, los hermanos Carlos Alberto Colmán Espínola, Rolando Colmán Espínola y Nelson Hugo Colmán Espínola, que habían sido detenidos en el operativo Saltos del Guairá.
En esa oportunidad incautaron 5.000 cajas de cigarrillos, 34 embarcacaciones, 15 vehículos y motores fuera de borda. Desde ese tiempo hasta hoy, las incautaciones del operativo de referencia fueron robadas sistemáticamente de las dependencias donde fueron depositadas en guarda.
Operativo Brillante
Otro caso de gran magnitud e importancia, que se relaciona directamente con el contrabando, fue el Operativo Brillante, que se realizó el 26 de abril de 2019, oportunidad en que el titular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada, general retirado Ramón Benítez fue detenido en una acción encubierta organizada por agentes de la Senad y de la Fiscalía, porque supuestamente integraba una red de coimas. El Gral. Benítez fue detenido recibir US$ 1.500 de manera ilícita, dinero previamente fotocopiado por la Fiscalía. La detención se produjo en su propia casa, en el Barrio Campo Grande, de la Capital.
Según las investigaciones, una estructura criminal, integrada por funcionarios del Detave, facilitaban el contrabando a cambio de pagos de sobornos, que recibían en forma sistemática. La denuncia corresponde a la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, tras las primeras sospechas de actos corrupción, y de la recepción de una carta anónima que explicaba el esquema de la corrupción aduanera.
En el caso, el exdirector del Detave, Gral. Ramón Benítez, uno de los acusados por coima, asociación criminal y contrabando, fue beneficiado por un Tribunal de Apelación con la anulación de pruebas. Sin los elementos de cruce de llamadas telefónicas, excluidos, será más complejo para la fiscalía demostrar culpabilidades.
Operativo Llamada
Otro procedimiento de contrabando de gran escala es el que se descubrió mediante un trabajo de inteligencia de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), luego de un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que en el marco del Operativo Llamada, registrado el 23 de julio del 2019, se movilizó a numerosos fiscales y un sinnúmero de agentes policiales para la ejecución de órdenes de allanamiento simultáneo a 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción. En el marco de una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678.
Como consecuencia de este operativo fueron imputados Liz Paola Doldán González, propietaria de la firma Mobile Zone, los padres de Liz Paola, Vilma Aidée González de Doldán y Edilson Doldán, y a su hermano Charles Edison Doldán González. También fueron imputados los que aparecían como dueños de empresas “de maletín”, Tamara Belén Brunetto Vallet, Manuel Arnaldo Balletbo Cabrera, Juan Andrés Noguez Mazier, Julio César Vera Melgarejo, Richar Robert Roux Riquelme e Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo. También fue incluido en el proceso Carlos Gustavo O’Higgins Riquelme, Armín Arnulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Reinaldo Páez y Miguel Gustavo Gayol Buggia.
Sin embargo, el único acusado por este caso fue Carlos Gustavo O’Higgins Riquelme, accionista y presidente de F.G. Trading, por producción de documentos no auténticos. La acusación refiere que entre los años 2017 y 2018, la empresa de O’Higgins presentó 750 facturas no auténticas y 155 facturas falsas por G. 582.578.739.215. Este caso también está siendo dilatado por la Justicia.
Operativo Reserva
Nuestra fuentes de la UIC tambien refiere como caso emblemático la incautación de gran volumen de cigarrillos que estaban siendo contrabandeados hacia el Brasil, proceso que fue abortado en el marco del Operativo Reserva, que tuvo lugar el 5 de febrero de 2020, a orillas del Lago Itaipú, en Colonia Camino 3, distrito de Salto del Guairá. Allí encontraron cinco depósitos e incautaron 14 embarcaciones, 15 vehículos de gran porte, 30 millones de cajetillas de cigarillos (20.000 cajas), 103 cajas de agroquímicos, un importante lote de electrónicos. La mayoría de marcas de cigarrillos eran de Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes.
Los dueños de la cotizada carga compuesta por cigarrillos, electrónicos y mercaderías varias recurrieron al Tribunal de Cuentas para insistir en la devolución del cargamento. La Aduana declaró como contrabando el 40% de la carga, el restante 60% fue liberado. Los propietarios presentaron recursos ante el Tribunal de Cuentas contra la resolución Nº 324 del 29 de marzo de 2021 y firmado por el director de Aduana, Julio Fernández, por la cual se había rechazado la apelación planteada por los recurrentes y se había confirmado la decisión del entonces administrador aduanero de Salto del Guairá, Basilio Bogado.
Operativo Tartufo
Otro caso grande de corrupción y contrabando es el que se descubrió en el marco del operativo Tartufo, en marzo de este año. Cinco funcionarios de la Dirección de Aduanas, dos militares y dos contrabandistas fueron detenidos bajo el cargo de cometer el delito de soborno. Fue en el operativo “Tartufo” que formó parte de una pesquisa ealizada durante tres meses por la Fiscalía en Ciudad del Este por cohecho, contrabando y asociación criminal. El procedimiento se hizo a finales de marzo de este año, en la cabecera del Puente de la Amistad, estuvo a cargo una comitiva encabezada por el jefe de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando (UIC), Emilio Fuster, el ministro de la Secretaría Anticorrupción René Fernández, y el fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público fueron aprehendidos unas nueve personas, cinco funcionarios de Aduanas, dos de la Marina y dos particulares.
En dicha oportunidad fueron detenidos los aduaneros Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, Luciano Florenciano Duarte, Eusebio Santacruz Duarte, Antonio Oporto Espínola y Pedro Rubén Báez Zacarías. También fueron arrestados los suboficiales militares Claudio Ramón Orrego Ramos y Jacinto Blanco, así como los “paseros” Carlos Alberto Montanía Garcete y Elsa Mabel Chamorro.
Fueron incautados los teléfonos celulares de los aprehendidos, para que sean peritados, así como dinero en efectivo que sería la coima pagada y recibida.
Los que dice el Ministerio Público
Para tener la versión del Ministerio Público, consultamos a la Unidad de Contrabando del Ministerio Público a cargo del Fiscal Delegado Edgar Sanchez, que se compone de cuatro unidades para Asunción y Central y una para el Chaco. Mientras la Fiscalia Adjunta, con sede en Ciudad del Este, tiene a su cargo los departamentos de Itapua, Alto Parana y Canindeju. “Durante el presente año las mayores incautaciones corresponden a productos en estado natural, como ser tomates, cebollas y papas y entre los industrializados azúcar”, informó Sánchez. Añadió que se obtuvieron más de 30 condenas en procedimientos abreviados y están pendientes más de 15 causas, que aguardan el juicio oral y público.
“Es importante señalar que el contrabando de productos en estado natural fue elevado a la categoría de crimen y no admite salidas procesales alternativas. También se debe indicar que el Ministerio Público se halla en segunda línea en la lucha contra el flagelo, en razón de que la detección y represión en primera línea corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas, a la Policía Nacional y a la Armada Nacional, con las que se trabaja de manera conjunta bajo la coordinación de la UIC”, señaló Sánchez.
También aclaró que los datos mencionados corresponden a la delegadatura a su cargo y que no incluyen los de la Fiscalia Adjunta de CDE.