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El pedido de los opositores refiere a dos causas diferentes que están denunciadas en el Ministerio Público, uno de los casos refiere a la ejecución del millón de dólares del fondo de emergencia y la otra sobre la falta documental para respaldo de más de G. 18.300 millones transferidos en 2019. Este último también fue denunciado hace 15 días ante la Fiscalía.
Esta mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la Junta Departamental donde los concejales debatieron sobre el pedido de intervención presentado por los ediles de la bancada liberal, Adrián “Billy” Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Derlis Larroza, Benita Jara, Dilio Ortíz, y Atilio López, quienes votaron a favor del pedido de intervención. Además de los liberales liberal Mario Aguilera, presidente de la Junta, Jorge Rolón, el colorado Gustavo Machuca y Miguel Villagra, de Patria Querida, quienes sorprendieron con su voto favorable. Estos cuatro últimos siempre fueron leales a Hugo Javier.
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Sin embargo, los colorados Derlis Maciel, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Emilse Bobadilla y Crispín Vallejos votaron por el rechazo. Los colorados Gustavo Maciel, Jadiyi Ibarrola y Óscar Delvalle se abstuvieron.
Con este resultado se espera que el pedido de la intervención a la administración del gobernador Hugo Javier, inicie su curso. Lo resuelto, ahora será enviado al Ministerio del Interior y posteriormente a la Cámara de Diputados para su evaluación.
Argumentos
La bancada liberal conformada por los ocho concejales, quienes también forman parte de la Comisión de Legislación, y que solicitaron la intervención presentaron un dictamen mediante la cual piden la aprobación del pedido, alegando una senda de irregularidades que fueron confirmadas por varios entes contralores. Además resaltaron que la fiscalía está investigando la causa y que ya fueron imputadas 15 personas sospechadas del millonario desvío.
Sin embargo, por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación, el colorado Derlis Maciel, de manera verbal pidió el rechazo de la intervención. Argumentó que la imputación no es otra cosas que “estar bajo sospecha” de algo. Agregó que hasta no se resuelva en un juicio si Hugo Javier es o no culpable, ellos no pueden juzgar.
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Dijo también que el pedido de intervención fue apresurado, ya que ni siquiera aún se llevó a cabo la imposición de medidas por el Juzgado de Delitos Económicos.
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El motivo de la intervención se relaciona precisamente al festín de los G. 6.382 millones (US $1.000. 000), fondo de emergencia sanitaria por Covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre del año pasado para generar fuente de trabajo para centralinos durante la pandemia.
Hugo Javier, apenas recibió los recursos, transfirió G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera.
En la rendición de cuentas de la ejecución de los fondos aparecen facturas clonadas, obras fantasmas, facturas a créditos sin recibo de cancelación que figuran como pagadas, además de varias facturas que fueron reemplazadas para ocultar mala ejecución del dinero, entre otras irregularidades. Así también lo confirmó la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).
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El pasado lunes 1 de noviembre, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, imputaron finalmente por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal al gobernador Hugo Javier González, Tadeo Álvarez, presidente de CIAP y de otras 13 personas entre funcionarios de la Gobernación, miembros de la organización sin fines de lucro y contratistas.
Este miércoles el gobernador deberá comparecer ante el Juzgado de Delitos Económicos para la imposición de medida cautelar. El Ministerio Público solicitó que todos los imputados sean apartados del cargo y no vuelvan a acercarse ni mantener comunicación con la institución departamental.
Otra causa
El pedido de intervención también se extiende a la nueva denuncia hecha hace tres semanas por los concejales opositores, sobre la falta documental que sustente el buen uso de más de G. 18.300 millones, parte de la transferencia hecha en 2019. Al respecto la Contraloría General de la República realizó una auditoría que duró 8 meses, en cuya conclusión los auditores recomiendan al gobernador Hugo Javier que se autodenuncie. En esta causa aún no fue designado al fiscal que investigará la nueva denuncia penal.
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