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El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, recibió este viernes a su homólogo paraguayo, Euclides Acevedo, con quien discutió, entre otros puntos, la futura renegociación del tratado que rige la hidroeléctrica de Itaipú. En ese marco, se firmó el acuerdo que establece la creación de la Comisión Binacional de Cuentas, un organismo conjunto para fiscalizar las cuentas de la hidroeléctrica de Itaipú, cuya propiedad comparten ambos países.
De acuerdo con los principales antecedentes del proyecto de creación de la Comisión Binacional para Fiscalización Conjunta de las Cuentas de Itaipú Binacional, las negociaciones se iniciaron a raíz de que la embajada del Brasil en Asunción, por nota Nº 471 del 1 de octubre de 2015, transmitió la propuesta de un acuerdo de intercambio de notas reversales para crear esa Comisión.
Este acuerdo, que se da seis años después de iniciadas las conversaciones sobre el tema, posibilitará la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas que participen de los Estados paraguayo y brasileño a través de sus instituciones competentes, es decir la Contraloría General de la República (CGR) de Paraguay y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil.
Revisión del Anexo C
“Nuestras conversaciones fueron productivas” y “la revisión del Anexo C del tratado va a llevar un tiempo, pero será sobre todo un tiempo fraterno”, declaró Acevedo bajo el asentimiento de França en un pronunciamiento conjunto frente a los periodistas, según un despacho de la Agencia EFE.
El canciller brasileño, quien definió a la represa de Itaipú como “una obra de prosperidad compartida”, añadió que durante la reunión conversaron también sobre la “posibilidad futura de usar el lago para la generación energía solar o eólica y para la piscicultura”.
Sin dar mayores detalles, França explicó que además fue analizada la situación del Mercosur, que ambos países integran con Argentina y Uruguay y cuya presidencia semestral ejerce Brasil hasta diciembre próximo.
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El Tratado de Itaipú deberá ser renegociado antes de 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma, y en esa discusión será clave el llamado Anexo C, que rige el funcionamiento y la distribución de la energía generada por la represa.
Ese anexo establece que cada país recibe el 50 % de la energía, pero debe venderle al otro socio aquella que no utiliza. Paraguay satisface su demanda con casi el 10 % de la electricidad de Itaipú, por lo que el resto acaba en Brasil y a precios inferiores a los del mercado.
En las últimas semanas, unas supuestas negociaciones para reducir aún más la tarifa que paga Brasil han generado polémicas en Paraguay y hasta animado a la oposición a barajar la posibilidad de intentar un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, finaliza el despacho.