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“La Conferencia Episcopal Paraguaya reunida en la 231ª Asamblea General Ordinaria comunica por este medio su honda preocupación en relación con toda acción que debilite la independencia judicial y propicie una posible manipulación política en el grupo de magistrados responsables de velar por la equidad, la jurisprudencia, el derecho y la aplicación recta de las leyes nacionales en el marco jurídico establecido por la Constitución Nacional”, reza el comunicado socializado por la organización este miércoles.
Los obispos manifestaron que ven con extrañeza la situación y pidieron que se aclare debidamente a la ciudadanía ”los procedimientos definidos y al espíritu que debe prevalecer en todo acto que involucra el nombramiento de autoridades, sobre todo en el Poder Judicial, institución fundamental para la democracia”.
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Además, exhortaron los legisladores a “proceder con rectitud, que sean auténticos custodios de la integridad de los Poderes del Estado y garante de la credibilidad institucional”.
La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se suma así, aunque sin mencionarlo directamente, a otros colegiados que cuestionan la designación del senador liberal Víctor Ríos en la terna para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica.
El comunicado de los obispos deja así mal parado al representante de las universidades privadas ante el Consejo de la Magistratura, César Ruffinelli Buongermini, quien además es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción (UCA). Ruffinelli votó a favor de Víctor Ríos y también postuló a Esteban Armando Kriskovich y Alma Méndez de Buongermini. Al argumentar la postulación del legislador había dicho que se debe trabajar por la independencia judicial, trabajar sobre la mora judicial, y por una justicia más humana.
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, dijo que la presencia Ríos en la terna de candidatos es un síntoma del debilitamiento de las instituciones del Estado y un hecho que vulnera la independencia de los poderes del Estado.
Desde el Colegio de Abogados del Paraguay también cuestionaron por incluir a un político de profesión quien “irrefutablemente romperá la institucionalidad del Poder Judicial y provocará un quiebre” de la ya menguada independencia judicial.
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