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Durante una investigación de cinco meses, los agentes el Ministerio Público, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, confirmaron, una senda de irregularidades, de momento, en el manejo de G. 5.105 millones.
Hugo Javier González y otras 14 personas fueron imputados por producción de documentos no auténticos ya que en la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, también por declaración falsa, asociación criminal y lesión de confianza porque no existen respaldos suficientes para conocer el destino de los fondos.
La Fiscalía también se pronuncia sobre la existencia de “obras fantasmas” por más de G. 1.600 millones, hasta ahora, ya que no descartan que el daño patrimonial sea mayor.
Hugo Javier transfirió G. 5.105 millones, parte del fondo de emergencia a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la “construcción y mantenimiento de espacios públicos, pavimentación asfáltica y empedrado”, sin tener en cuenta que la organización no es apta para hacer obras civiles. Pero aun así, CIAP, presidido por Tadeo Álvarez, imputado, recibió millonarias transferencias de la Gobernación desde el 2019.
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El destino del dinero
Los fiscales Estigarribia, Said y Cabrera, manifiestan en el acta de imputación que el desembolso a favor de CIAP tuvo lugar en el marco de los proyectos citados más arriba, sin embargo, “no se detallan las obras específicas a ejecutarse sino solo el monto solicitado por cada proyecto genérico. Tampoco establecían los lugares precisos donde se llevarían a cabo los trabajos, no contenían los presupuestos de los proyectos, el plan financiero, cronogramas de ejecución de las obras, planificación de algún tipo o algún otro detalle que pudiera servir para identificar qué es lo que se iba a hacer”, dice el documento fiscal.
También los proyectos de la ONG CIAP establecían que su marco se encuadraba en el “convenio de cooperación interinstitucional entre la GDC y los municipios del Departamento Central” y no mencionaron en ninguno de sus párrafos la emergencia sanitaria de la Covid-19 dentro del cual fueron brindados los recursos.
Los investigadores además señalan que el otorgamiento de los fondos no correspondían “con los fines y objetivos de la Fundación CIAP, ya que la naturaleza de la citada organización es la formación de profesionales y capacitación en general”, no así, el desarrollo de trabajos de construcción de obras civiles y viales.
“En fecha 12 de mayo de 2021, el señor Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, en representación de la Fundación CIAP, presuntamente presentó por correo electrónico ante la Contraloría General de la República, los formularios de la rendición de cuentas firmados por él y por Paulino De Los Santos Palacios Recalde (tesorero de CIAP), así como las facturas respaldatorias de los proyectos aparentemente ejecutados, más no los contratos de obras o algún otro documento que permita identificar el destino real del dinero, en cuatro grupos documentales, según los cuatro desembolsos recibidos”, dicen los fiscales.
Obras fantasmas
El Ministerio Público también refiere la existencia de obras fantasmas, donde en principio, el presunto perjuicio patrimonial sería por más de G. 1.676. Pues, varias de las obras se habrían hecho incluso cuatro meses antes del desembolso y pagadas con otros fondos.
Una de las “inversiones” en cuestión sería la remodelación y provisión con colocación de equipos de gimnasia en la plaza Santa Ana de San Lorenzo que costó G. 230 millones, el asfalto del acceso del Consejo Regional de Salud (sede de la Gobernación) por G. 390 millones, construcción de contrafuertes y rellenos, construcción de un muro de contención de hormigón también y la construcción de empedrado en el asentamiento San Blas por más de G. 190 millones.
También presentan irregularidades la construcción de baños sexados de la asociación de profesiones de Villa Elisa, por G. 42 millones, construcción de muralla perimetral y pintura (que no se hizo) en el cuerpo de bomberos voluntarios de Ypacaraí, por G. 13 millones y la construcción de la ciclovía en el acceso a la ciudad de Guarambaré por más de G. 797 millones.