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Un hecho calificado como insólito por los involucrados, empresarios de diversos sectores de juegos de azar se unieron en una única postura y es en contra del proyecto de ley de regulación de juegos de azar de José Antonio Ortiz Báez, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). La propuesta se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
Los empresarios se reunieron en la sede de un casino, esta mañana, para consensuar la postura y durante el encuentro todos coincidieron en criticar la propuesta por desordenada y carecer de criterios técnicos. Lamentaron que la redacción del documento plantea una centralización de la regulación en una institución, que será la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), nuevo nombre de Conajzar.
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Luego de un intercambio de opiniones, todas negativas con relación a Ortiz y su gestión al frente de Conajzar, los empresarios coincidieron en presentar por escrito a la Cámara Baja su disconformidad con la citada iniciativa. Entre los principales argumentos están la centralización de la regulación, que actualmente es compartida con los municipios, y la falta de criterios técnicos.
Carlos Ríos, empresario, criticó aireadamente que sea un aduanero el que está al frente de la Conajzar y comparó que es “como poner al ratón a cuidar el queso”. Lamentó que la propuesta carezca de criterios técnicos, lo que evidencia que primará la política, al ser requerido identificar a qué sector se refería, respondió “sólo diré que acaba de adquirir una empresa vinculada a una marca de celular”, es decir, el expresidente Horacio Cartes.
Raúl Caviedes, de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) cuestionó que se plantee una nueva ley cuando la que está vigente es pisoteada por la propia responsable de su cumplimiento. Se refería a la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, con la cual autoriza la “legalización” del uso de tragamonedas en cualquier comercio no exclusivo de juegos de azar, lo cual tipificado como prohibido por la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15.
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Uno de los ausentes fue el responsable de la explotación de la quiniela, a cargo de la firma Technologies Development of Paraguay SA (TDP) del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy. Este hecho coincide con que el proyecto de ley mantiene el monopolio del juego a una empresa, negocio que mueve US$ 127 millones; mientras que las apuestas deportivas se establece adjudicar a tres firmas, “sin que se conocen basado en qué es la cifra”, mencionaron.
Juegos de azar y lavado de dinero
En la visita a nuestro país de la comitiva del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat), congresistas comunicaron la serie de irregularidades que se registran con los juegos de azar. La senadora Esperanza Martínez especificó que la “regularización” de tragamonedas constituye la creación de una estructura para obtención de recursos de manera ilícita y lavado de dinero.
Además, empresarios del rubro denunciaron que son empujados al lavado de dinero al no poder disponer de cuenta bancaria, ya que el propio sistema financiero les niega. Es aspecto es clave para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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