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El dictamen de la referida comisión asesora menciona que a las gobernaciones departamentales se les asignó G. 100.000 millones para cubrir el programa de alimentación escolar y realizar inversiones.
El resumen que dio a conocer este martes el presidente de la comisión, senador Juan Darío Monges (ANR), indica que el programa alimentación escolar se financiará con G. 35.000 millones (US$ 5,1 millones) provenientes del saldo inicial de caja del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En cuanto a la inversión en infraestructura física en el área de salud, educación y obras públicas se cubrirá con G. 65.000 millones (US$ 9,4 millones) provenientes de los recursos de coparticipación del IVA.
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Estos fondos, según técnicos del Ministerio de Hacienda consultados, no estaban previstos en el proyecto de presupuesto 2022, por lo que para su inclusión se tendría que haber aumentado la estimación de ingresos del referido impuesto.
Los gobernadores cuando acudieron a la audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso al inicio del mes de octubre, habían solicitado un adicional de G. 184.660 millones (US$ 26,8 millones) para ser distribuidos entre las 17 gobernaciones departamentales.
En aquel entonces, Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, en su condición de presidente de Consejo de Gobernadores, solicitó una nueva distribución de los fondos al nivel de la recaudación tributaria esperada y compensar la diferencia con otros impuestos, entre ellos el IVA.
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En cuanto al Congreso, en el cuadro que resume las reasignaciones realizadas con el fondo de contingencia que conformaron a partir de recortes, se puede notar G. 14.053 millones (US$ 2 millones) para el Poder Legislativo. Sin embargo, no se menciona a que se destinará estos recursos.
El año pasado durante el estudio del proyecto de presupuesto 2021 salió a luz un aumento salarial previsto para los funcionarios del Congreso y del Senado, que no se había mencionado antes, que luego fue aprobado por mayoría de votos y su implementación en enero último generó las críticas de la ciudadanía.
Creaciones de cargos
En el dictamen que dio a conocer Monges también se menciona que las creaciones de cargos en la Corte Suprema, la Fiscalía y la Defensoría Pública costarán G. 44.000 millones (US$ 6,4 millones).
El documento menciona que se incorporan cargos para nuevos juzgados creados por leyes especiales, nuevas unidades fiscales y defensores públicos que responden a necesidades de crecimiento vegetativo, pero no señala cuántos cargos incluyen.
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Además, señala que a la Justicia Electoral se le asignó G. 20.000 millones (US$ 2,9 millones) para aporte a partidos políticos; en tanto que para gastos de inversión para todos estos organismos componentes de la justicia, se asignó G. 80.000 millones (US$ 11,6 millones).
En el caso de la Defensoría Pública, se le incluye G. 14.200 millones con recursos provenientes del aumento de la retención sobre compras públicas (de 0,04% a 0,05%), una medida que el Ministerio de Hacienda ya había rechazado en su momento por considerar que no corresponde y podría encarecer los precios de los bienes y servicios prestados al Estado.
Proyecto de presupuesto total
El dictamen de la bicameral señala que el monto total aprobado para el ejercicio fiscal 2022 asciende a G. 96,8 billones (US$ 13.846 millones), que representa un aumento de G. 4,5 billones con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo atendiendo que se incluyó la adenda y se elevó el tope de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB.
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Expresa que las reprogramaciones se realizaron dentro del límite del 3% de déficit fiscal aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto. “Los aumentos aprobados en Fuente 10 Recursos del Tesoro Nacional serán financiados con una transferencia de Entidades Descentralizadas a la Administración Central (caso Aduanas) y la inclusión de Saldo Inicial de Caja del Fonacide Administración Central”, indica la nota.