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En contacto con ABC TV, el juez especializado en delitos económicos explicó la razón por la cual no puede evitar que los sospechosos ingresen a la Gobernación.
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Según dijo, existen reglas de juego de acuerdo a las normas jurídicas. Lo que no hizo el fiscal Rodrigo Estigarribia es pedir una orden de detención o de captura. Solo si se hacía ese trámite se iba a poder someterlos y a partir de ahí efectuarse las medidas cautelares.
El juez comentó que Estigarribia le pidió de carácter urgente, en base al artículo 245 del Código Procesal Penal, que los imputados no ingresen a la sede departamental. Esto se enmarca dentro de las medidas alternativas, refirió. En otro momento, mencionó que una vez recibida el acta de imputación tiene un plazo de cinco días para la imposición.
“Yo no soy el fiscal, él puede pedirme una orden de detención a los efectos de realizar la medida cautelar de manera inmediata”, sostuvo Delmás. Con lo explicado por el juez penal de Garantías se da a entender que el fiscal del caso no cumplió un requisito establecido por la ley para que se pueda efectuar la prohibición que señala.
“Si la fiscalía no me pide, yo no puedo hacer”, agregó el magistrado. Entonces, si hoy le llega la orden de detención, él analizará los méritos y podría cumplirse con la prohibición de ingreso a la Gobernación.
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La fiscalía puede, si se decide, lacrar las oficinas que crea conveniente. Delmás cree que ya se hizo y que fue con autorización judicial. Las imputaciones son por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Sobre la prisión preventiva alegó que una vez que el fiscal pida la orden de detención se analiza en conformidad a los elementos que existan. Estigarribia solicitó medidas alternativas.
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El miércoles 10 de noviembre será Hugo Javier González quien debe comparecer primero, a partir de las 08:30. Luego, le siguen otros seis. El jueves 11 continuarán los ocho procesados.
Fiscal dio vía libre a que imputados “chicaneen” el caso
Delmás fue claro cuando mencionó que en este lapso de días la defensa de los 15, incluido el gobernador cartista, tiene la posibilidad de presentar varias acciones que traben la realización de la imposición de medidas.
Estas chicanas podrían ser una recusación o nulidad de acta de imputación, entre otras acciones. Si esto ocurre se corre el riesgo de que finalmente las imposiciones no se hagan el 10 y 11 de noviembre.
Como hay un plazo para la notificación de 5 días hábiles, el juez determinó que el cumplimiento del artículo 242 sea recién la semana que viene.