Esta mañana fue designado el juez José Agustín Delmás para la causa que afronta Hugo Javier junto con otras 14 personas ante el presunto manejo irregular de US$ 1 millón que había recibido la Gobernación de Central para ser utilizado para asistencias por la pandemia de COVID-19.
Ayer, finalmente, el fiscal Rodrigo Estigarribia imputó al gobernador de Central y a los 14 involucrados en el caso por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
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El agente del Ministerio Público no requirió la prisión preventiva de los procesados. No obstante, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que los mismos no puedan ingresar al local de la Gobernación.
Fecha de audiencia de imposición podría conocerse hoy
El magistrado podría dar a conocer esta mañana la fecha de imposición de medidas para el exanimador conocido como “El N° 2″ y los otros 14 procesados en el marco de la causa, según informó el periodista de ABC Carlos Ortega.
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En dicha audiencia, el juez Delmás podría dictaminar la prohibición de ingreso de los procesados al local departamental, que fue solicitada por el fiscal de la causa.
El caso
Hugo Javier fue imputado junto con funcionarios de la Gobernación y los responsables de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), a la cual la Gobernación entregó el dinero destinado para asistencias durante la pandemia.
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La causa se había iniciado en junio del 2021, cuando surgieron denuncias desde la Junta Departamental con respecto a sospechas de desvío de G. 5.105.600.000 (US$ 1 millón) que la Gobernación recibió en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Este monto -según la investigación preliminar- se otorgó a CIAP para evitar los controles de su uso.
Tras las denuncias, también surgieron indicios de falsificación de facturas e incluso pagos por obras previamente construidas con otros caudales y construcciones “fantasma”.
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“El N° 2″ también está en la mira por presunta comisión de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ya que está pendiente otra denuncia sobre un posible uso irregular de unos G. 18.000 millones.
