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El reporte del Ministerio Público indica que la agente fiscal Sonia Pereira logró una condena de 2 años con suspensión a prueba por denuncia falsa. La fiscal coadyuvante fue María Bernarda Álvarez.
Según los antecedentes, Robadin había denunciado en el 2.009 al extitular de la Dirección Nacional de Tránsito (DINATRAN), David Yinde, quien supuestamente fue filmado cuando pidió al denunciante una coima de USD 5.000
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Un Tribunal de Sentencia lo condenó también por simulación de hecho punible.
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Con respecto al hecho, Robadín fue condenado en mayo del 2018 a dos años y medio de pena privativa de libertad. Un Tribunal de Apelaciones reenvió la causa a un nuevo Tribunal de Sentencia para establecer la pena.
En principio la fiscala Pereira solicitó al colegiado judicial, 3 años de cárcel. Los jueces que intervinieron en este juicio fueron Inés Galarza, Olga Ruíz y Víctor Medina.
Un hombre de Dios, pero con largo historial de denuncias
A más de este hecho que acaba de confirmarse hubo dos más como el de un supuesto abuso sexual y otro por apropiación.
En el primer caso, la Fiscalía lo imputó el 11 de diciembre de 2.019 por por supuesto abuso sexual contra personas indefensas. Por este caso fue detenido y la denuncia había sido presentada el 5 de noviembre del mismo año.
Lo habían acusado por abusar sexualmente de una paciente con discapacidad, de 20 años. Justamente, la denuncia fue hecha por las autoridades del Hospital Nacional de Itauguá luego de que la víctima haya hecho una consulta ginecológica.
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La excusa supuestamente fue ir a la casa de la joven para rezar por ella. En aquel momento dio a ABC que la denuncia lo dejó desconcertado y negó rotundamente los hechos.
Con relación al segundo caso, en julio de 2.020 un Tribunal de Sentencia de la capital integrado por las juezas Nilda Giménez, Gloria Amanda Hermosa y Alba González, condenó a 5 años de pena privativa de libertad al entonces sacerdote Pedro Jesús María Robadín, al hallarlo culpable del delito de apropiación en calidad de autor.
En aquel tiempo, el Ministerio Público sostuvo que la apropiación se concretó el 23 de octubre de 2012, cuando la víctima, Eugenia Irma Ruiz de Mendoza, para costear el tratamiento médico de su madre, se vio obligada a vender sus joyas, las cuales entregó al sacerdote.
Robadín le manifestó a Ruiz de Mendoza, que tenía contacto con la entonces primera dama de la República, Emilia Alfaro de Franco, y que la misma le iba a comprar las joyas.
La víctima le entregó al sacerdote unas joyas antiguas que podrían llamarse de colección con un valor aproximado de USD 25.000, pero el precio de venta fue fijado en USD 15.000. Incluso le entregó aparte G. 1 millón para la persona que haría de nexo con la primera dama para gestionar la venta de las alhajas.
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