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“La imputación, a pesar de que llega tarde, por lo menos da una esperanza”, dijo Ávalos este martes en conversación con ABC Cardinal. El concejal departamental afirmó que gran parte de los delitos cometidos por Hugo Javier y sus cómplices fueron permitidos por la Contraloría General de la República y la Fiscalía. En el caso de la CGR, recordó que “nunca se animó a hacer un reporte a la Fiscalía”, refiriéndose a la falta de respaldo de G. 18.000 millones de gastos hechos en 2019.
Ávalos sostuvo que los concejales opositores “prácticamente marcaron la agenda” de la CGR y de la Fiscalía en compañía de algunos medios de comunicación. Cabe recordar que en la gobernación liderada por el cartista hay varios casos separados entre 2019 y 2021 que tienen relación con la transferencia de miles de millones de guaraníes a diferentes ONG. Uno de esos casos es el despilfarro de US$ 1 millón de los fondos de emergencia por COVID entre el año pasado y este.
Pedirán intervención
El concejal dijo que él y sus colegas volverán a pedir una intervención en la gobernación por el hecho nuevo que significó la imputación de Hugo Javier. “Nosotros estamos no solamente en el estudio, sino que es categórico que vamos a presentar otro pedido de intervención. No es algo que vamos a negociar (...) Decidimos tomar la medida de pedir una nueva intervención, considerando que la imputación es un hecho nuevo”, sostuvo, al tiempo de pedir al gobernador una vez más “que tenga la decencia y renuncie”.
“Un robo asqueroso”
Ávalos dijo que estos casos no tienen nada que ver con persecuciones políticas, sino que se trata de “un robo asqueroso” en que los implicados “ni siquiera pensaron en cómo delinquir”.
“Esta no es una cuestión política, es una cuestión de un ladrón. Acá ocurrió un crimen y el autor es el gobernador (...) Como este es un robo asqueroso, hay facturas falsas. Al haber facturas falsas, no va a haber ningún tipo de obras (a controlar)”, añadió.
El “monje negro”
El edil contó que todas estas maniobras fueron hechas por una persona de confianza de Hugo Javier González llamada Miguel Robles, quien es una suerte de representante de Horacio Cartes en la Gobernación.
Sin embargo, la Fiscalía no imputó a esta persona, que ya tiene antecedentes por haber sido imputada por soborno agravado en 2008 en la ANNP. Además, como funcionario de Diputados es considerado un asesor cartista “con mucho poder”.
Ayer, la Fiscalía imputó a González luego de al menos cinco meses de haber salido a la luz pública los presuntos desvíos de fondos estatales cometidos desde la Gobernación de Central de US$ 1 millón que había recibido para ser utilizado para asistencias públicas por la pandemia del COVID.
Esta causa se inició en junio de 2021 ante sospechas de peculado de G. 5.105.600.000 recibidos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 por la Gobernación, la cual a su vez redirigió el dinero a CIAP para evitar los controles de su uso. También hay indicios de falsificación de facturas e incluso pagos por obras previamente construidas con otros caudales y construcciones “fantasma”.