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El agente fiscal explicó que hay suficientes elementos para fundar sospechas de comisión de delitos de 15 personas, y que por el momento no pidió la prisión preventiva del gobernador Hugo Javier González ni de los otros imputados.
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El agente explicó que para solicitar prisión preventiva tendría que existir peligro de fuga, y que utilizar ese recurso tiene que ver más con que la persona se someta o no al procedimiento.
Puntualizó que “estratégicamente es mejor pedir medidas cuando se acusa que ahora, porque ahora pasan los meses y pueden pedir la revisión de la medida porque se cumple el plazo. Cuando mas cerca estamos del enjuiciamiento es mejor”.
El investigador dijo estar sorprendido con la sospecha del esquema que se formó para manejar a discrecionalidad el rubro 800, y con que se haya pagado por obras que no existían.
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Hoy se dio a conocer que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de casi seis meses de que se destapara el caso, finalmente imputó al gobernador de Central, Hugo Javier González, por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Fue duramente cuestionado por la ciudadanía el hecho de que, aun así, el gobernador y los demás imputados fueron beneficiados con la solicitud de medidas alternativas a la prisión.
Se estima que el monto desviado sería al menos de G. 5.105.600.000, en lo que se refiere solo a dos proyectos presentados por CIAP, dinero que supuestamente fue entregado para la emergencia del covid-19; sin embargo, en ninguno de dichos proyectos se hace alusión a la mencionada “emergencia”.