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La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso elevó a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022 presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda.
Un informe que resume las modificaciones realizadas por los legisladores da cuenta que se aprobó elevar el déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB como lo solicitó Hacienda, lo que permite la incorporación de créditos presupuestarios por un monto de US$ 216 millones.
Estos fondos, indica la nota, están destinados al Ministerio de Salud Pública para garantizar el sostenimiento del personal contratado en el marco de la pandemia por covid-19, para la compra de vacunas y para la construcción de sistemas de agua potable para comunidades rurales e indígenas.
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También se prevé US$ 364 millones para el sostenimiento de las inversiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se financian con los fondos de préstamos que se encuentran en etapa de ejecución.
Además, se incluyó la adenda solicitada por el Ejecutivo en la cual se incorpora el aumento salarial del 11% para los docentes, que entra a regir desde este fin de mes, así como el aumento del 5% a partir de julio del próximo año.
Se conformó un fondo de contingencia por G. 340.000 millones (US$ 49,4 millones al cambio vigente) para atender pedidos de las entidades consideradas prioritarias por los miembros de la comisión, dice la nota.
Redistribución de fondos
Estos recursos fueron distribuidos a varias entidades, entre las que resaltan porque son los mayores montos: G. 144.000 millones (US$ 20,9 millones) para los organismos componentes del Poder Judicial y G. 100.000 millones (US$ 14,5 millones) para los gobiernos departamentales.
En cuanto a la justicia, G. 64.000 millones van destinados a la creación de cargos para cubrir nuevos juzgados, unidades fiscales y defensores públicos (no menciona la cantidad); y G. 80.000 millones para gastos de inversión. No incluye, por lo menos eso se deduce porque no se menciona en el resumen, aumentos salariales para los funcionarios de este sector.
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Los recursos para las gobernaciones, por su parte, serán para los programas de alimentación escolar e inversión física. Se estima que el monto se distribuye en partes iguales entre los 17 departamentos, muchos de estos cuya gestión está en la mira por las denuncias de la ciudadanía.
La Contraloría General de la República recibió G. 10.000 millones más para gastos misionales y de inversión, que según lo que había solicitado el contralor Camilo Benítez en ocasión de visitar la Comisión Bicameral de Presupuesto, para comprar un terreno para ampliar la sede y otorgar bonificaciones a los auditores por realizar auditorías.
Salud y otras entidades
Las reasignaciones también favorecen al Ministerio de Salud Pública con G. 20.000 millones, para los hospitales Ineram, Pediátrico, Itauguá, Trauma e Instituto Nacional del Cancer; el Ministerio de Desarrollo Social, G. 5.000 millones para sostenimiento de los comedores comunitarios.
Asimismo, Senadis con G. 7.000 millones para gastos misionales; Diben: G. 5.000 millones para gastos misionales; Indert G. 20.000 millones para compra de tierras; e Indi G. 10.000 millones para compra de tierras.
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También el Hospital de Clínicas recibió G. 20.000 millones para sostenimiento del personal contratado por contingencia de covid-19, gastos de mantenimiento de edificios y de equipos biomédicos y medicamentos.
En tanto la Universidad Nacional de Asunción (UNA) recibió G. 10.000 millones para crecimiento vegetativo en Ingeniería, Filosofía y Ciencias Agrarias; y las universidades del interior G. 18.800 millones para crecimiento vegetativo y gastos de inversión; mientras que la Secretaría Nacional de Cultura y Fondo Nacional de Cultura y las Artes, G. 3.350 millones para gastos misionales, entre otras entidades.
Gasto más rígido
El informe de la bicameral no da mayores detalles de las modificaciones, pero se puede notar que gran parte se direcciona al crecimiento vegetativo que no es otra cosa que la creación de cargos, como es el caso de las universidades nacionales.
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La movida se realizó dentro del tope del presupuesto presentado por el Ejecutivo, pero al recomendar la creación de cargos aumenta la rigidez del gasto, porque son salarios que deben ser cubiertos con los recursos del Tesoro.
El proyecto de presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.186 millones), que incluye el proyecto inicial más adenda, pero al solicitar que se amplíe el déficit fiscal al 3% del PIB, el monto final pasará a G. 96,4 billones (US$ 13.787 millones).