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Estas obras se adjudicaron ya en junio de 2019 a tres diferentes empresas por G. 192.423 millones. La orden de inicio de los trabajos se otorgó en agosto de ese mismo año y se les dio un plazo de 24 meses para culminar las construcciones, lo que no ocurre hasta hoy.
La arquitecta Rocío Duarte, que asumió hace unos días como directora de Obras del MOPC, se limitó a decir que compartirá los datos solicitados cuando se tenga una “información oficial”. Desde la Dirección de Comunicaciones (Dircom), cuyo titular es el abogado Víctor Recalde, ignoraron las consultas de este medio sobre el tema.
Lo concreto es que no se sabe si las contratistas de estas obras fueron sancionadas por los retrasos o si la institución les benefició con cambios del cronograma. Asimismo, el precio de la obra ya se infló a G. 229.907 millones; es decir, registra un encarecimiento de G. 37.483 millones (US$ 5,7 millones al cambio actual).
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El lote 1 de Emboscada está a cargo de la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y registra un avance del 84%. El contrato original del contrato con esta firma era por G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (encarecimiento del 20%).
Por otro lado, el lote 2 (para otro pabellón de Emboscada) está a cargo del Consorcio Cordillera (representado por Emilio Díaz de Vivar), integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA, y registra un avance del 80,5%. Esta parte se le dio a este grupo por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (también con sobreprecio del 20%).
Por último, el lote 3, para la cárcel de Minga Guazú, se otorgó al Consorcio AGB - Tocsa SA (representada por Sara María Blanco de Dose) y registra un avance del 96%. El contrato de este lote fue por G. 67.799 millones, pero se terminará pagando G. 81.218 millones.
Según había informado en MOPC estas variaciones de costos con respecto a lo contratado, “responden a la inclusión de rubros no contemplados inicialmente, pero que son de suma necesidad para la correcta terminación y factibilidad de uso de las instalaciones”.