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Mediante una nota remitida al presidente de la Corte, Dr. César Diesel Junghanns, el actuario Enrique Jacquet y los funcionarios del Juzgado Penal de Garantías Nº 5 de la Capital denunciaron graves irregulares con respecto a la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo el jueves 27 de mayo pasado, en la que el juez interino Mirko Valinotti ordenó la prisión preventiva del narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas (43 años), en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.
Según los funcionarios judiciales, al asumir el interinazgo del Juzgado de Garantías N° 5, en fecha 20 de mayo, Valinotti solicitó al actuario Enrique Jacquet acogerse al sistema de trabajo en cuadrillas implementado a raíz de la pandemia por covid-19, por lo que el actuario no realizó funciones de manera presencial en la semana correspondiente al lunes 24 hasta el viernes 28 de mayo.
Jacquet fue interinado esos días en el Juzgado de Garantías Nº 5 por la actuaria judicial Lorena Caballero, del Juzgado de Garantías Nº 10 que está a cargo de Mirko Valinotti.
La nota remitida por los funcionarios al presidente de la máxima instancia judicial señala que en las semanas que el actuario Enrique Jacquet no prestaba funciones de forma presencial, el juez Valinotti disponía que los funcionarios pertenecientes a su juzgado, tanto auxiliares de secretaría como dactilógrafos, cumplan funciones en el Juzgado de Garantías Nº 5, por lo que gran parte del trabajo de la secretaría, como ser la recepción de presentaciones o realización de audiencias, estaban a cargo por los trabajadores del Juzgado de Garantías Nº 10.
En relación a la audiencia de imposición de medidas del entonces “narcotraficante más buscado del Paraguay” Faustino Ramón Aguayo Cabañas, llevada a cabo el 27 de mayo, la denuncia indica que del plantel de funcionarios del Juzgado de Garantías Nº 5 solo se encontraban presentes Fátima Díaz, Jorge Troche y María José Servín.
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Estos funcionarios dijeron que “no tuvieron contacto con Faustino Ramón Aguayo Cabañas ni con los abogados del mismo”, ya que la audiencia no fue realizada en la Secretaría del Juzgado de Garantías Nº 5, por lo que desconocen si la diligencia fue llevada a cabo en el despacho de dicho juzgado o en otra dependencia.
Agregan que la audiencia fue tomada por la funcionaria Alejandra Cáceres, quien presta funciones en el Juzgado de Garantías Nº 10 a cargo del juez Mirko Valinotti.
Piden pericia caligráfica e imágenes de seguridad
Por otra parte, el actuario Enrique Jacquet y los demás funcionarios del Juzgado de Garantías Nº 5 indican que, visualizando el expediente electrónico y el expediente en formato papel, resulta imposible realizar algunas precisiones teniendo en cuenta que no existe presentación o constancia alguna del momento en el que Aguayo Cabañas se presentó ante la secretaría del juzgado a cargo de la causa. Es decir, no pueden constatar la hora exacta ni la forma en que el narcotraficante se puso supuestamente a disposición del juez.
Indican además que no se puede constatar la hora señalada para la audiencia o qué tipo de audiencia fue realizada, ya que no existe providencia alguna a través de la cual se fija la diligencia. También señalan que el acta de la audiencia que obra en el expediente físico no está digitalizada, por lo que no se puede precisar quién fue el funcionario/a encargado de tomar la audiencia ni tampoco la hora en que la diligencia fue sustanciada.
Los funcionarios denunciantes resaltan asimismo que luego del 18 de octubre pasado, una vez que haya tomado luz pública el caso y la decisión de Mirko Valinotti, que dictó la prisión preventiva de Aguayo Cabañas en la cárcel de Pedro Juan Caballero, la funcionaria Fátima Díaz puso a conocimiento del actuario que encontró el certificado médico y los antecedentes clínicos que serían del proceso por tráfico de drogas.
Díaz dijo que el documento se encontraba en un estante metálico dentro de la Secretaría del Juzgado Nº 10 y según se observa el documento tiene un sello de cargo con fecha 27 de mayo de 2021, a las 10:13, y lleva una supuesta firma suya, pero aclara que la letra con la que se completó el cargo no le pertenece. El documento tampoco lleva la firma de la actuaria judicial interina Lorena Cabello.
La nota indica además que el 18 de octubre también compareció la actuaria Lorena Cabello, quien tenía consigo el recibo original del certificado médico y manifestó a la funcionaria que era ese el escrito que debía encontrarse y agregarse al expediente. Añadió que efectivamente la letra del cargo pertenecería al funcionario del Juzgado de Garantías Nº 10, Rodrigo Bogado, pero que lo importante era la firma.
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Sobre este punto los funcionarios denunciantes señalan que no existe constancia de algún escrito por el cual se presentó el certificado médico, por lo que solicitan una pericia caligráfica para determinar a quién pertenece la letra en el cargo señalado.
Por último el actuario y los funcionarios del Juzgado de Garantías N° 5 solicitan las filmaciones de las cámaras de seguridad, a fin de determinar con precisión y claridad lo acontecido el 27 de mayo de 2021; y se ponen a disposición para brindar las declaraciones que fueren necesarias y ante quienes lo soliciten, para que se adopten las medidas pertinentes en relación a lo acontecido.