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Esta vez, la CGR informó que ya está realizando una fiscalización especial inmediata a la INC, tras denuncias de irregularidades en la administración de la cementera, donde se verificarán las obras ejecutadas y los contratos vigentes, según informó a este diario el contralor Camilo Benítez.
Asimismo, señaló que el organismo realizará una auditoría general referente a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de la estatal, que pese a las millonarias inversiones, sigue registrando pérdidas de más de G. 42.000 millones. “La fecha límite será el informe y dictamen del año que viene, pero muy probable que culmine antes de 6 meses de dictada la resolución”, expresó Benítez.
Esta auditoría se realizará luego de denuncias de irregularidades en el manejo de la cementera, por parte de su presidente actual, Ernesto Benítez, principalmente por la escasa producción de cemento y, además, el pésimo estado de las máquinas que le costaron US$ 80 millones a la cementera, provenientes de la colocación de bonos soberanos en el gobierno del expresidente Horacio Cartes.
En este caso, los funcionarios acusaron a Benítez de blanquear a la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, por recepcionar el cuestionado molino “chino” de US$ 12 millones que la conocida como “superproveedora” del gobierno de Mario Abdo Benítez entregó para la planta de Villeta (Central) y que sigue con constantes fallas.
Además, hace unas semanas denunciaron que la INC entró en crisis de producción por la falta clínker (meteria prima del cemento), situación que se originó por el paro del horno de Vallemí (Concepción) para “mantenimiento”, donde la estatal invirtió G. 4.500 millones. El horno en cuestión también registra paros constantes, pese a que en el mismo se invirtió US$ 30 millones para el cambio del tipo de combustión, para que en lugar de usar solo fueloíl, también pueda emplear combustible sólido, como coque.
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Esta máquina volvió a parar en varias ocasiones tras su “mantenimiento” y recién volvió a operar desde hace unos días, pero aún no produce lo suficiente para aumentar la producción.
El pedido de auditoría de la CGR se realizó por “los hechos de corrupción de público conocimiento, en los faltantes de las materias primas utilizadas en la INC, el nepotismo imperante ubicando a familiares de los miembros de otros sindicatos para que estos hagan caso omiso a la situación que está atravesando la INC y, sobre todo, en la mala administración del actual presidente de nuestra Institución”, resalta la nota que habían remitido los obreros a la CGR.
Agrega que a más de 2 años de de la gestión de Benítez, la INC ni siquiera se encuentra produciendo las cantidades mínimas de su capacidad productiva lo que llevará a la empresa en quiebra técnica y, en consecuencia, a su quiebre financiero “poniendo en grave riesgo el puesto de trabajo de cientos de trabajadores y sus respectivas familias en forma directa e indirectamente”.
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La Fiscalía no encuentra hechos punibles a más de dos años
Ya en agosto del 2019, la Contraloría corroboró el fracaso en la inversión de los US$ 80 millones en la INC, durante el gobierno de Horacio Cartes, pues habían prometido que aumentarían la capacidad de producción de clínker y de cemento, pero el resultado fue todo lo contrario.
El ente contralor corroboró en ese entonces que la producción de clínker (materia prima principal para la producción del cemento) se mantuvo muy por debajo de la capacidad garantizada del horno, equivalentes a apenas el 23% de la capacidad óptima de producción, a pesar de los millonarios recursos que el Estado destinó para la optimización del horno III, ubicado en la fábrica de Vallemí (Concepción).
Tras estas irregularidades, la Fiscalía inició una investigación hace casi dos años, pero que no avanza hasta ahora. El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, está a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019 y señaló que la causa sigue abierta y que pidieron un informe a la empresa Engineering sobre el molino que proveyó. Indicó que pidieron varias documentaciones a la Industria Nacional del Cemento (INC) respecto a la utilización de los recursos, las cuáles están siendo analizadas, pero que hasta ahora no identificó hechos punibles.