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Hutteman comunicó este jueves que el Poder Ejecutivo decidió objetar el artículo 103 del sancionado proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”. Dicho punto establecía altos niveles de seguridad para las transacciones electrónicas, como giros, lo cual causó una disputa entre el sector bancario y las telefónicas.
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Los órganos técnicos señalaban que la promulgación de la ley -con el artículo 103- representaría una exclusión financiera, por lo que sugirieron al Ejecutivo el veto parcial de la iniciativa, según explicó el jefe de Gabinete Civil.
“Se genera una exclusión de la necesaria gradualidad y escalonamiento de los niveles de seguridad que deben estar acordes al riesgo explícito que trae cada operación. Podría generar cierta exclusión financiera de los sectores más vulnerables”, sostuvo.
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“La decisión que tomó el Ejecutivo se basó en un diálogo, donde se conversó con el sector bancario, las cooperativas y los entes. Se consultó también con organismos internacionales”, comentó el director del Banco Central del Paraguay, José Cantero.
MIC dice que tiene que haber un proceso gradual
El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, destacó que mediante la objeción del artículo 103 de la iniciativa, el BCP podrá establecer las medidas correspondientes para la seguridad de las transacciones y de acuerdo al contexto nacional. “Creemos que es lo mejor para la mayoría de la ciudadanía. Se ha pensado en la ciudadanía”, sostuvo.
El artículo 103 del proyecto de ley de los servicios de confianza establece un alto nivel de exigencia para las operaciones de envío de giros de dinero a través de las empresas de telefonía y también de otros tipos de transacciones electrónicas.
Las telefonías advirtieron que su aprobación representaría una exclusión para las personas más humildes que utilizan los giros para transferir dinero. Por su parte, desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) exigieron su promulgación, ya que aseguran que se requiere de una legislación que establezca seguridad.