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Llamosas firmó este jueves convenios con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para la implementación del fideicomiso y la capitalización del Fogapy, de tal modo a otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector gastronómico, eventos, hotelería y otros.
Luego del acto realizado en la sede de Hacienda, el ministro fue consultado acerca de la huelga que iniciaron ayer los funcionarios del Ministerio Público argumentando la posibilidad de un nuevo recorte de G. 10.000 millones en el presupuesto de la institución.
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Según los sindicalistas, el recorte hará que empeore el funcionamiento de la Fiscalía, ya que no tienen hojas blancas ni tóner para la impresión de oficios u otros documentos, tampoco cuentan con elementos para los procedimientos como guantes de látex y en las sedes, no tienen limpiadores, por lo que algunas oficinas están en estado de abandono.
El ministro dejó en claro al respecto que en líneas generales se envió un proyecto de presupuesto 2022 ajustado las posibilidades de recaudación del fisco y también a las posibilidades de endeudamiento del país, por lo que todas las entidades tuvieron algún tipo de impacto en su presupuesto.
“Hay que entender que la pandemia todavía no terminó, hay desafíos todavía muy importantes y, en ese contexto, en el presupuesto se priorizan tres pilares: mantener el sistema de salud, los programas sociales y la inversión pública”, indicó.
Sostuvo que en el caso particular del Ministerio Público se vio afectado en su presupuesto, pero en particular por unos fondos que le fueron asignados este año a través del Fonacide. En ese sentido, dijo que estos fondos están destinados a la inversión en infraestructura y el Tesoro lo asigna de manera puntual, “entonces eso fueron los fondos que no fueron programados en el presupuesto del año que viene del Ministerio Público”, puntualizó.
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Llamosas afirmó que no ven cómo puede afectar esto al normal desenvolvimiento de la entidad, porque eso se refiere exclusivamente a inversiones en infraestructura y si el año que viene el Ministerio Público tiene desafíos o compromisos en esa línea, puede recurrir nuevamente al Tesoro y el Tesoro de acuerdo a los saldos que pueda tener dentro de Fonacide, para infraestructura, podría priorizar estos proyectos.
“Nosotros no vemos ajustes en el presupuesto en esos objetos del gasto (señalados por los sindicalistas), sí principalmente, como decía, las inversiones, porque se tratan de fondos especiales que son asignados cada año en proyectos específicos, entonces es una cuestión de sentarnos a conversar. La verdad que hasta ahora no pudimos reunirnos con ellos ni tampoco desde la bicameral nos plantearon ningún tipo de situación al respecto”, insistió el titular de la cartera fiscal.
Aumento del 10% y más cargos
La Fiscalía había solicitado a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso un aumento del 23% en el gasto de la institución para 2022, que incluye una suba salarial del 10% para los funcionarios y la creación de 393 cargos.
La Fiscalía tiene asignados G. 638.916 millones (US$ 93 millones), lo que representa una reducción del 1,5% con respecto al vigente, por lo que requirió que se eleve a G. 788.121 millones (US$ 114,7 millones), que implica un aumento de G. 149.204 millones (US$ 21,7 millones), que equivale al 23%.
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El ministro volvió a insistir en que es cuestión de mirar los números, pero que no están de acuerdo con los datos que dan los sindicalistas, ya que en general los ajustes que recibió el presupuesto del Ministerio Público están enfocados en proyectos de infraestructura, que se inician un año y obviamente terminan. “No hay necesidad de que esos fondos queden para siempre si no están asignados a ningún proyecto en particular”, expresó.