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Los concejales departamentales liberales Derlis Larroza, Dilio Ortiz, Adrián Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Benita Jara y Laura Moreira, denunciaron al gobernador de Central, Hugo Javier González, en lo que podría convertirse en la segunda causa penal que tendrá que enfrentar el exanimador de fiestas convertido en político, cuya administración está plagada de innumerables y groseras irregularidades.
Desde 2019, el gobernador González adoptó a varias organizaciones sin fines de lucro para transferir millonarios fondos para la contratación de servicios.
Expertos presumen que la preferencia hacia las ONG nace de una intención de evadir los controles que establecen las normas legales vigentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, recibió en 2019 más de G. 6.300 millones; la Asociación Plantemos Conciencia, presidida por Esteban Álvarez, recibió más de G. 2.100 millones; el Consejo Regional de Salud fue beneficiado con más de G. 3.200 millones, los Centros Educativos Departamentales Municipales recibieron más de G. 3.700 millones, la Comisión Nacional de Organizaciones Populares recibió G. 248 millones, la Asociación Ecodesarrollo recibió G. 64 millones y la Asociación Promoviendo Desarrollo Sostenible – AVANZAR embolsó G. 268 millones.
Nueva denuncia contra Hugo Javier
Los concejales departamentales manifiestan en su denuncia que en junio de 2020 solicitaron a la Contraloría General de la República la verificación especial o auditoría de gestión a la ejecución presupuestaria de la Gobernación de Central del ejercicio 2019, específicamente sobre las transferencias hechas de los rubros 500, “inversión física”; y 800 “transferencias”.
Ante la falta de respuestas, en julio de ese año los concejales reiteraron el pedido.
Recién en octubre de 2020 la Contraloría comunicó al gobernador Hugo Javier González los aspectos que serían sujetos a revisión, y en diciembre de ese año notificaron al jefe departamental sobre las observaciones para descargo.
Hace una semana se expidió el informe final, en el que se exime de responsabilidad alguna al gobernador y se culpa a las ONG de las irregularidades.
La institución departamental transfirió en 2019 más de G. 89.800 millones a organizaciones sin fines de lucro, de los cuales más de G. 18.300 millones no tienen documentos respaldatorios y por los cuales González solo presentó formularios (planillas de rendición de cuentas) con carácter de declaración jurada por G. 9.057 millones, sin presentar las facturas correspondientes a los gastos.
Además, otros G. 9.288 millones ni siquiera fueron respaldados con las planillas de rendición de cuentas, según el informe de auditoría que la Contraloría que tardó ocho meses en culminar.
Los denunciantes aseguran que existen suficientes indicios sobre un presunto daño patrimonial o supuestos desvíos de fondos públicos.
Agregan además que el gobernador González es el ordenador de gastos de la Gobernación y que por tal motivo no puede huir de su responsabilidad de supervisar y controlar el correcto uso de los recursos transferidos a las entidades beneficiarias.