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El caso comenzó cuando Fernández acusó al senador Martín Arévalo por tráfico de influencias y este hizo lo mismo contra el titular de Aduana. El centro de la polémica fue un cargamento de US$ 3 millones. Las mercaderías por aquel valor fueron incautadas en el año 2019, calificadas como contrabando y vendidas a finales del año pasado.
La carga confiscada en aquel año figuraba a nombre de las empresas OVF SA e Importadora GECU SA, aunque el empresario Ahmad Khalil “Armando” Chams asegura ser el propietario.
Según publicó la misma Dirección Nacional de Aduana, lo que no llegó a ser robado del cargamento incautado fue vendido por concurso de precios a la firma Emeku SA, en la que aparecen como directivos Mario Daniel Quiñónez Cattebecke –ligado a la prófuga Dalia López–; y el excandidato colorado a la intendencia de Ybytymí (fue derrotado), Denis Adalberto Vera Giménez.
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A través de la cuenta oficial de la DNA, se había asegurado que las mercaderías habían sido vendidas por G. 600 millones a Emeku SA, que tiene a Vera Giménez como síndico.
Al respecto en contacto con ABC AM 730, Mario Florenciáñez, director de gabinete de la Contraloría General de la República, confirmó que hoy remitieron una nota a Aduanas en la que piden informes.
Entre lo solicitado figura una serie de documentaciones, sobre un sumario y todo lo referente a la incautación. El plazo que tiene la DNA es de 5 días.
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Florenciáñez explicó que lo hacen a raíz de las denuncias que les llegó y por lo que los medios de comunicación reportaban. La Contraloría espera que la contestación se dé en el plazo establecido.
De acuerdo a lo que contesten, los informes serán enviados a la Dirección de Control Gubernamental y a la Asesoría Jurídica. Luego verán dónde derivar, si a Contrataciones o a Asuntos Descentralizados para que se produzca una fiscalización o auditoría, comentó el vocero.
Casos Gobernación de Central y compra de transformadores en proceso
Florenciáñez también respondió sobre estos otros dos temas en debate.
El primero relacionado a los escándalos en la Gobernación de Central, indicó que hay dos procesos. Uno, sobre un monto de al menos G. 19.000 millones que el gobernador Hugo Javier González y la Junta Departamental ya fueron notificados. En este caso la Contraloría ya tendría un informe, dijo el entrevistado.
Dos, sobre los 1 millón de dólares. En esta situación esperan que en 10 días, el gobernador responda. Estos antecedentes fueron enviados al fiscal de la causa de las facturas, Rodrigo Estigarribia. “Esperamos que la propia gobernación denuncie, ya comunicamos al fiscal”, remarcó.
Investigarán la compra de transformadores
Esta situación surge tras un atentado a un funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La sospecha se conecta sobre la compra de transformadores que la estatal hizo y un supuesto incumplimiento por parte de la oferente. ”En estos días saldrá la nota pidiendo informes sobre el tema”, agregó Florenciáñez.
La firma Arapoty Transformadores, del exsenador liberal Dionisio Amarilla, debía proveer 7.000 transformadores a la ANDE.
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